El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes una reunión con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez.
El ministro ha destacado que esta es su primera reunión del año, justo cuando estamos a punto de materializar el “histórico cambio del artículo 49 de la Constitución” tras el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Popular: “Espero que esto sea un símbolo relevante de que hay cuestiones en las que los partidos del Gobierno y los de la oposición tienen que ponerse de acuerdo para tener un mejor marco constitucional, más justo, inclusivo e igualitario”.
Ambos han coincidido en la trascendencia que ha tenido ese acuerdo político para el que “el CERMI ha desempeñado un papel decisivo”. Torres ha celebrado que se vaya a cambiar la terminología “inaceptable” recogida en dicho artículo y se salde así una deuda con las personas con discapacidad para garantizar sus derechos y su dignidad.
“El proyecto de reforma es un compromiso adquirido por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que refuerza el vínculo entre las instituciones y las personas con discapacidad y sienta las bases para el desarrollo de las políticas que deben llevar a cabo las administraciones, enfocadas a las personas con discapacidad”, ha subrayado.
En ese sentido, el ministro ha expresado su compromiso y el de todo su equipo para que la Administración General del Estado se siga acercando a la ciudadanía sea cual sea su condición y comunicó al CERMI que impulsará una auditoría sobre la accesibilidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en los distintos territorios porque, ha indicado, “la Administración tiene que ser una puerta abierta que mejore la comunicación con la ciudadanía y que refleje una atención permanente, accesible, inclusiva, sostenible y transparente”.
Torres ha recordado que el plan “La Administración cerca de ti” está centrado en hacer accesible los trámites y gestiones digitales a personas que residen en municipios de menos de 8.000 habitantes, sobre todo a personas mayores de 60 años y personas con dificultades de movilidad y en riesgo de exclusión. En el primer año del plan se ha llegado a más de 3.600 pequeños municipios, con 40.000 personas atendidas y más de 30.000 certificados digitales emitidos.
En cuanto a Memoria Democrática, Torres ha remarcado el interés de la Secretaría de Estado por reconocer y restituir la dignidad de las personas que contrajeron la poliomielitis en la década de los 50 y que fueron “invisibilizadas por el régimen franquista”, un colectivo que, el ministro ha remarcado, “fue esencial en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad”.
