Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna para esclarecer presuntas irregularidades en diversos contratos de mantenimiento y seguridad del centro penitenciario de Ceuta. La actuación llega tras el incendio registrado el pasado mes de agosto en una infraestructura crítica del penal.
Ceuta Actualidad trasladó a la Secretaría General que dirige Ángel Luis Ortiz las denuncias procedentes de trabajadores del centro, que alertaban de una posible brecha de seguridad relacionada con la custodia de las llaves del establecimiento. Según estas fuentes, un empleado adscrito a la empresa adjudicataria del servicio de jardinería tendría en su poder copias que permitían acceder a distintas zonas del complejo, incluidas áreas consideradas sensibles.
El trabajador, contratado mediante un servicio externalizado cuya adjudicación figura en el Portal de Transparencia, habría operado dentro del recinto con un juego de llaves que daba acceso a módulos, zonas internas y dependencias técnicas como la sala donde se ubica la instalación SAI, el “corazón” operativo de la prisión.
La Instrucción 1/2017 de Instituciones Penitenciarias es clara: la custodia de llaves corresponde exclusivamente a “funcionarios habilitados”, prohibiéndose que empresas externas mantengan copias permanentes. El objetivo es proteger la cadena de custodia y evitar riesgos graves como fugas, introducción de objetos prohibidos o sabotajes.
Fuentes penitenciarias consultadas sostienen que permitir el acceso a llaves de seguridad a personal no funcionario “supone una vulneración directa de la normativa” y señalan a la dirección del centro como responsable. “No forma parte del objeto del contrato de jardinería y compromete la integridad del recinto”, advierten. Los sindicatos reclaman desde hace meses que se depuren responsabilidades.
Contratos bajo lupa y fallos prolongados en cámaras, alarmas y mantenimiento
Según publica The Objective, la Inspección Penitenciaria revisa si la ejecución de contratos vinculados al mantenimiento general de instalaciones, al sistema de cámaras y a las alarmas del centro se ha realizado de forma correcta. Las mismas fuentes citadas por este medio apuntan a errores detectados “desde hace más de un año”.
En junio de 2024, funcionarios advirtieron a la directora de la necesidad de sustituir baterías en los sistemas de alarma tras varios avisos de fallo. La empresa adjudicataria no habría atendido aún la incidencia. Medios locales han denunciado igualmente deficiencias en las cámaras de vigilancia, que en ocasiones han dejado sin cobertura zonas enteras del penal.
El incendio del 24 de agosto de 2025, registrado en una sala técnica, agrava el cuadro. Fuentes penitenciarias señalan que el fuego se originó en un cuadro eléctrico sobrecalentado en una zona donde el aire acondicionado llevaba tiempo sin funcionar. “El calor que desprendía puso en riesgo la seguridad de quienes estaban allí, incluidos familiares en comunicaciones”, denuncian. En octubre, el Consejo de Ministros aprobó un contrato de emergencia de 222.000 euros para atajar el problema.
Un mantenimiento millonario cuestionado
El contrato de mantenimiento general del centro —adjudicado por casi un millón de euros a una empresa ceutí de construcción— también está bajo escrutinio. Fuentes internas afirman que los trabajadores de la adjudicataria “se quejan de que la dirección no les facilita repuestos”, obligándoles a utilizar piezas procedentes de módulos cerrados o zonas fuera de servicio.
El pliego exige la presencia de un ingeniero técnico con dedicación exclusiva de lunes a viernes, pero esta obligación estaría incumpliéndose: el responsable técnico ejerce como profesor interino en un instituto en ese mismo horario. La situación, presuntamente incompatible, provoca que instalaciones como la Panadería funcionen sin supervisión cualificada, siendo sustituidos por personal de otra adjudicataria “con el conocimiento de la dirección del centro”, según las fuentes consultadas.
Tres de cada cuatro celdas, cerradas
En los últimos días, responsables y empleados de las empresas adjudicatarias del mantenimiento y sistemas de alarma han acudido a la Delegación del Gobierno. La Inspección analiza si existen responsabilidades disciplinarias o penales por parte de la dirección —posibles delitos de malversación o administración desleal— y si las empresas han podido incurrir en fraude al facturar servicios no prestados.
El deterioro del penal, inaugurado hace apenas ocho años tras una inversión de 140 millones de euros, es otro foco de preocupación. Los sindicatos denuncian que la mayor parte del centro está en desuso y en “degradación continua”. Con capacidad para 1.400 reclusos, la prisión acoge hoy a unos 250 y presenta módulos cerrados, mobiliario inservible y acumulación de suciedad.
“Si hubiera que reabrir esos espacios habría que reinvertir mucho dinero. Se ha derrochado dinero público”, critican fuentes penitenciarias. El cierre de tres de cada cuatro celdas impide aplicar una correcta clasificación de internos. “No podemos separar presos primarios de multirreincidentes, y cualquier interno conflictivo se envía de inmediato a la Península”, explican.
Malestar creciente entre los trabajadores
A este escenario se suma un “malestar generalizado” en la plantilla por la gestión del personal. Los sindicatos denuncian “maltrato sistemático” y un uso abusivo de los trabajadores ante la falta de efectivos. “Derechos básicos de descanso y libranza se han convertido en decisiones arbitrarias de los mandos”, lamentan las organizaciones.
