La declaración de dos de los empleados de Emvicesa acusados en el proceso que se sigue por la presunta adjudicación irregular de viviendas públicas ha cerrado este lunes la que en principio será la antepenúltima sesión del juicio. Salvador Vera y Manuel García han coincidido en asegurar, a preguntas del abogado de ambos, que se sintieron presionados durante su declaración ante la juez inmediatamente después de ser detenidos. Los dos acusados han afirmado que la juez les privó del abogado que habían elegido para ser asistidos en su declaración y que el ambiente reinante les hizo pensar que habían sido condenados de antemano. «Me hablaban de algo que pasó cuando yo estaba hospitalizado, así que me sentía como un invitado que pasaba por allí: me sentí muy impresionado», ha declarado Vera previamente a que su compañero García relatara, con mayor detalle, las circunstancias de la declaración de ambos en el juzgado en la macrocausa del Caso Emvicesa.
García ha explicado que ambos eligieron para ser asistidos a un abogado al que conocían por haber trabajado como externo para Emvicesa. El empleado ha afirmado que la juez rechazó al letrado quien, ante esta circunstancia, recurrió a una compañera para que lo sustituyera en sus funciones. «Este hombre había trabajado para Emvicesa y más o menos conocía los procedimientos –ha continuado el trabajador acusado- A los cinco minutos lo vemos bajar y hablar con una compañera que fue la que, finalmente, nos pudo asistir en la declaración. Todo fue muy desagradable». Durante su exposición García ha interrumpido su declaración visiblemente afectado por el recuerdo de aquellos días.
Tanto García como Vera han negado que ellos o alguno de sus compañeros hubieran recibido alguna vez compensaciones económicas ilegales por su intervención en el proceso de adjudicación de viviendas. «A mí no me lo han propuesto pues, si alguien me lo hubiese insinuado, en cero coma está en la puerta –se ha defendido Vera- Y no dudo de mis compañeros en absoluto».
Los dos han negado también mantener algún tipo de relación, más allá de la profesional, con el exgerente de la empresa Antonio López –principal acusado en el proceso- ni con ningún miembro de la Comisión Local de la Vivienda, órgano que adjudicó las viviendas públicas de las promociones objeto de la controversia. «Yo los conocía por el trabajo: de puertas para adentro eran mis jefes, de puertas para fuera no eran mis amigos», ha subrayado Vera, quien ha intentado explicar que su posición en la empresa difícilmente le podría colocar en disposición de propiciar algún tipo de manipulación del proceso.
El acusado ha detallado que una de sus funciones era recabar la documentación aportada por el solicitante pero sin posibilidad de contrastar su veracidad. «Si me ocultaban algo, no podía saberlo», ha asegurado al tiempo que ha subrayado que no tenía ni tan siquiera acceso a las bases de datos oficiales, tampoco a las de la Ciudad.
Los empleados de Emvicesa también se han desvinculado de los llamados «compromisos», certificados firmados por el exgerente Antonio López para garantizar la entrega de una vivienda pública en una promoción posterior. «Yo no he rellenado ninguno y mucho menos los he firmado, porque yo no firmaba absolutamente nada», ha insistido Vera.
