El ex consejero de Hacienda, ex gerente de Emvicesa y con responsabilidad en el área durante un tiempo importante de los Gobierno de Vivas, entre otros cargos, Francisco Márquez, ha aparecido este martes en Ceuta para declarar como testigo ante el Tribunal que juzga el denominado Caso Emvicesa. Lo ha hecho para reconocer su fracaso como político, pero no como gestor. Un matiz importante que finalmente puede haber acabado de echar tierra encima a sus ex compañeros sentados en el banquillo de los acusados: Antonio López, Susana Román y Rabea Mohamed. Especialmente a esta última.
Márquez ha comenzado por contestar al letrado que defiende a las dos ex consejeras, Javier Izquierdo, quién lo había citado como testigo. A él, le ha dicho lo que quería oír, pero sólo en parte. Para acabar luego claudicando ante las cuestiones de la Fiscalía. La ordenanza de vivienda de 2006, la que durante buena parte del juicio, las defensas se han entregado al trabajo de desacreditar como norma válida para regir el procedimiento de adjudicación de viviendas que fueran financiadas por el Estado y no por la Ciudad, es a juicio de Márquez, la única disponible y la que se usaba. La usó él mismo para adjudicar otras promociones, “yo creo que todas” que tenían financiación del Estado.
Izquierdo le ha preguntado por las razones que aconsejaron al Gobierno en el que él estaba aprobar aquella ordenanza para desechar la de 1998. “Creo que recordar que la intención del equipo de Gobierno era articular un mecanismo de adjudicación de viviendas públicas que respondiera a las necesidades de la ciudad, que permitiera que los procedimientos fueran más ágiles y más eficaces y con más transparencia desde el punto de vista de la gestión pública. Otra cosa es que se consiguiera o no”, ha respondido
¿Se logró?, le ha lanzado Izquierdo. “Seguía siendo una ordenanza complicada, con una redacción que en algunos de los apartados se contradecían entre ciertos artículos; permitía bastantes exclusiones de aplicación y creo que no se cumplieron todos los objetivos que aconsejaron la aplicación de la ordenanza”, ha reconocido su fracaso y el del Gobierno Márquez.
Y en esas exclusiones que permitía ha incidido Izquierdo. Sí, la ordenanza estaba pensada sólo para las viviendas públicas financiadas por la Ciudad Autónoma y dejaba fuera por tanto las del Estado. Traducido a la práctica real, hubiera supuesto que la ordenanza no se hubiera aplicado nunca, porque el propio Márquez ha reconocido que durante su gestión en vivienda, todas las promociones las pagó el Estado. Igual que las 170 y las 317 de Loma Colmenar.
Y sí, permitía la ordenanza suprimir la convocatoria de un proceso de adjudicación formal y dar por candidatos a las viviendas a todos los que constasen en el censo de demandantes de vivienda en Emvicesa.
Pero después ha acabado por si no contradecirse, sí matizarse ante las preguntas de la Fiscalía. En una especie de antes muerto que sencillo, Márquez ha admitido el fracaso de las políticas de vivienda, pero no de su gestión en las adjudicaciones, lo que ha acabado por enterrar las opciones de desechar la normativa como instrumento válido para la adjudicación.
En el primer caso porque ha acabado por afirmar no una, sino hasta en tres ocasiones que sí, que cuando la financiación de las viviendas era del Estado, finalmente Emvicesa acababa por adjudicarlas siguiendo esa misma normativa, en sus tiempos, pero también concretamente preguntado por si en la reunión de la comisión mixta estado ciudad que reguló el convenio por el que se construyeron las tres promociones de Loma Colmenar se especificó algo relativo a la adjudicación. Y Márquez ha acabado por explicar que lo que se fijaron fueron “unos mínimos” por parte del Estado en lo relativo a los cupos en los que tenía interés que se potenciaran a la hora de adjudicar, pero se dejaba todo el trabajo de adjudicación a Emvicesa y a sus reglamentaciones.
La fiscal incluso le ha leído un acta que hacía referencia explícita a que sería Emvicesa quien adjudicaría las viviendas, ante lo que Márquez, ha reconocido que así se había establecido y que por tanto la normativa “asimilable” era la ordenanza de 2006. La ordenanza que no se siguió ni mucho ni poco en la adjudicación de las 170 y que fue también inexistente en las 317, lista fantasma, pero se siguió después a raja tabla en la adjudicación por sorteo definitiva tras el escándalo.
Más aún, Márquez ha dejado claro que sí, que en cualquier proceso de adjudicación es necesario publicar los listados provisional y definitivo. Sigue sin conocerse ninguno de los dos relativos a las 170. Y también que en las Comisiones Locales de Vivienda que él presidió los expedientes estaban a disposición de los miembros para consultarse, los expedientes de los adjudicatarios propuestos. Algo que tampoco sucedió en las 170 y menos aún en las 317, lista fantasma, en las que la Comisión Local de la Vivienda ni llegó a reunirse para dar cuenta o aprobar un listado de beneficiarios.
Y sí, la ordenanza permitía suprimir la convocatoria de un proceso de adjudicación e incluir en el mismo a todos los demandantes de vivienda, “miles” de expedientes que Márquez ha venido a reconocer que desbordaban la capacidad operativa de los funcionarios de Emvicesa. Pero, en cualquier caso, después se tendría que haber llevado a cabo un proceso de criba, en el que Márquez ha señalado a “Servicios Sociales” como “apoyo fundamental” en ese trabajo. Poco más o menos ha venido a decir que en el caso de haber cupos para personas en riesgo de exclusión, el filtro de los adjudicatarios entre miles de demandantes correspondía hacerlo a ese área del Gobierno.
Y sí lo hubiera hecho, de todas las comunicaciones entre Servicios Sociales y Emvicesa tendría que haber constancia en el registro de entrada. Tampoco la hay ni consta en los miles y miles de folios del caso. Sólo Chandiramani aportó a la Instrucción cerca de mil folios con documentos oficiales de Emvicesa a petición de la magistrada Lucini.
Y el testimonio de Márquez señalando la labor fundamental que debería haber jugado Servicios Sociales en las cribas contrasta con el testimonio ofrecido por los trabajadores del área que pasaron hace ya dos semanas por la vista oral y que se quejaron abiertamente de que en Emvicesa no les dejaban pinchar ni cortar para dar salida a las necesidades de sus usuarios.
Compromisos
A Márquez también le han preguntado por los famosos compromisos. Primero Izquierdo sobre los famosos papeles firmados por López. “Mal llamados compromisos porque creo que confunden a error”, ha dicho Márquez que claramente sabía de qué le estaban hablando. Para Márquez no tienen ninguna validez jurídica. El gerente no tiene capacidad para comprometer viviendas, como mucho a “instar” a la Comisión Local de la Vivienda a hacerse cargo del caso específico. Márquez ha reconocido que “cualquier gerente de Emvicesa ha tenido que atender a multitud de ciudadanos que piden una solución a su problema concreto y que desconocen los procedimientos y cómo hay que articularlos y que van a verlo directamente”.
De otra, para Márquez esos “compromisos” se trataba tan sólo de dejar constancia de que se conocía el problema y en la medida de lo posible se atendería o se haría por atenderlo.
Pero, después la Fiscalía le ha sacado su propia hemeroteca, para plantarle documentos que él mismo había firmado durante su etapa al frente de la sociedad. Hacían alusión a esas coyunturas de emergencia a las que el propio Márquez se había referido: desalojos, emergencias climáticas, convenios urbanísticos, derribos y un largo etcétera. La diferencia saltaba a la vista, por el folio firmado por López, la fiscal blandía en su mano un pequeño taco de hojas en el que había informes de varias áreas del Gobierno y que remataba Márquez para reconocer la necesidad de esa familia y el compromiso de la Administración, en este caso sí legal, de atender su situación crítica tan pronto dispusiera de viviendas públicas.
Márquez ha reconocido la diferencia obvia y ha explicado que sí, que con expedientes detrás en los que se hagan constar las necesidades y se deje constancias de ellas, sí se pueden considerar con más derecho que el resto de demandantes de vivienda.
