Cuando unos padres ven sufrir a su hija, la burocracia puede que deje de tener sentido. Una madre cree que la ley, los procedimientos y los plazos administrativos pasan a un segundo plano frente a una sola prioridad: protegerla. Ese es el punto exacto en el que se encuentra la familia de Miranda, una niña de 10 años con autismo, cuya escolarización se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por la falta de recursos, la inseguridad y el miedo.
Sus padres han comparecido ante los medios para explicar una situación que arrastran desde hace años y que alcanzó su punto más crítico el pasado 17 de diciembre de 2025. Lo hicieron tras salir de una reunión en el Ministerio de Educación, donde fueron atendidos por un inspector con sensibilidad, aunque no por el responsable directo del colegio Lope de Vega, centro en el que estudia actualmente Miranda y del que la familia solicita su traslado urgente.
“Estamos aquí para defender algo que no debería ser discutible: su derecho a una educación segura, digna y realmente ajustada a sus necesidades”, explicó su madre, Milagros García Mateos, intentando contener la emoción.
Tres cursos sin los apoyos necesarios
La historia de Miranda con el sistema educativo ha sido complicada desde el principio. La menor ha pasado por varios centros precisamente por la falta de recursos adecuados. Hace tres cursos, su familia decidió volver al Lope de Vega con la esperanza de que pudiera acceder al aula TEA, inexistente en el centro en el que estaba entonces. Sin embargo, ese acceso nunca llegó.
Durante tres años consecutivos, Miranda no ha tenido plaza en el aula TEA. Como única medida, se le asignaron dos horas semanales de apoyo, claramente insuficientes. Este curso, ni siquiera ha contado con esas horas, sin que se le haya ofrecido una alternativa eficaz ni un plan individualizado funcional.
A esta falta de apoyo se han sumado continuos cambios de tutores y especialistas, así como la retirada o reducción de horas de pedagogía terapéutica, lo que ha tenido un impacto directo en su estabilidad emocional. “Esto ha generado ansiedad, inseguridad y una fuerte desregulación emocional”, denunció su madre.
Pero el problema va más allá del ámbito académico. Miranda no puede participar con normalidad en actividades extraescolares ni en celebraciones escolares como Carnaval o Navidad, al no estar adaptadas a su sensibilidad sensorial. Tampoco permanece de forma continuada en su aula de referencia, pasando largos periodos fuera de ella, a veces sin supervisión educativa adecuada.
“Eso no es inclusión. La inclusión no es un término bonito en una ley. Es una práctica diaria que garantiza seguridad, permanencia y aprendizaje”, subrayó.
Agresiones y un episodio límite
Durante este curso, la situación se agravó aún más. Miranda sufrió varias agresiones físicas en el recreo. En una de ellas, varios alumnos realizaron un reto para decidir quién le pegaba primero, propinándole un golpe por detrás en la cabeza. No fue un hecho aislado.
Aun así, según denuncia la familia, no se activó ningún protocolo antiacoso. “Mi hija no se defiende. La cuidan su hermana, su primo, su prima… Son otros niños los que están pendientes de su seguridad”, lamentó su madre.
El punto de inflexión llegó el 17 de diciembre. Ese día, en ausencia de la figura de apoyo que habitualmente acompaña a Miranda y en un momento de ansiedad severa, se le impidió salir del aula cerrando la puerta. En plena crisis emocional, intentó escapar por la ventana de un segundo piso, llegando a quedar parcialmente fuera, con un riesgo vital real.
“Ese día pudo haber ocurrido una tragedia”, relató Milagros. “Después de un riesgo vital, no hay margen para experimentos”.
Una solución que no llega
Tras ese grave incidente, la familia solicitó de forma inmediata un cambio de modalidad educativa y el traslado urgente de Miranda al centro de educación especial San Antonio, al considerar que es el único entorno capaz de garantizar su seguridad. El propio centro y la tutora manifestaron su acuerdo.
La Administración ha aceptado el cambio de modalidad, pero se niega, por ahora, a autorizar el cambio de centro. Propone reforzar los apoyos en el mismo colegio, una solución que la familia considera insuficiente y peligrosa.
“El problema no es solo la modalidad educativa, es el entorno. Durante tres cursos los recursos no han funcionado, las agresiones no se evitaron y el riesgo no se previno. No se puede pedir a una familia que vuelva a confiar en promesas de futuro”, insistió la madre.
Ante la falta de una respuesta efectiva, la familia ha acudido también al Defensor del Pueblo. “No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo seguridad. Que se priorice la vida, la integridad y el bienestar de una niña”, defendió.
“No pedimos Hogwarts, pedimos protección”
A pesar del miedo, Miranda sigue acudiendo al colegio. “Tiene que seguir yendo, aunque no queramos. Pero no vamos a parar hasta conseguir el cambio”, afirmó su madre.
Con una mezcla de ironía y desesperación, cerró su intervención con una frase que resume el sentir de toda la familia: “No estamos pidiendo que la lleven a Hogwarts con Harry Potter ni a un internado suizo. Pedimos que la trasladen a un centro de educación especial en la misma ciudad. No estamos pidiendo nada extraordinario”. Solo que su hija esté a salvo.
