El Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta es un claro ejemplo de cómo una Administración local no debe gestionar lo público.
Fue creado en los años setenta y en 2010 pasó a ser organismo autónomo dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad. Desde entonces, ningún consejero responsable del mismo ha sido capaz de regularizar su situación. Los idiomas que se imparten a los alumnos son Inglés, Francés y Árabe.
Sociedad limitada
Antes de convertirse en organismo autónomo, el Instituto de Idiomas era una sociedad limitada. El cambio, a efectos prácticos no se ha notado. La transformación ha sido poco menos que fraudulenta porque la gestión de recursos humanos y los derechos que tenían que adquirir los trabajadores no han variado, no se ajustan al nuevo estatus de organismo autónomo. Sin embargo, las obligaciones como organismo público, sí.
No se han modificado las condiciones laborales ni retributivas de los empleados, docentes y personal administrativo, que tampoco están acogidos a las del personal laboral de la Ciudad. Los trabajadores no tienen convenio colectivo.
Según ha podido saber este medio, en ocasiones se ha abordado esta cuestión, a todas luces irregular, pero las reivindicaciones sindicales han caído en saco roto.
Ni las distintas direcciones del centro ni los delegados de personal han pretendido insistir en la situación “porque no les interesaba”. Tras extinguirse como sociedad limitada no se han exigido como se deben los derechos que corresponden a los empleados en la nueva situación jurídica del organismo.
Según algunos afectados por el funcionamiento del centro, estas personas, socios de la antigua SL, disfrutan de unas condiciones ventajosas y no “quieren” que la transformación suponga "perderlas". Es una situación que han visto de perfil todos los consejeros que han pasado en los últimos diez años con responsabilidad sobre el centro educativo.
Condiciones laborales
No hay convenio, luego no se negocian nuevas condiciones. Ni las retribuciones ni el horario laboral que deberían ser acordes al nuevo estatus del organismo. Los sindicatos nunca entraron a fondo en la cuestión. Sólo UGT ha estado a punto de convencer a los políticos de la necesidad de regularizar el centro, pero sus propuestas nunca se hicieron efectivas. Con el profesorado sucede otro tanto de lo mismo.
Los socios de la SL
Según las mismas informaciones, los antiguos socios, los primeros profesores de la extinta Sociedad Limitada, se oponen a “cualquier cambio”. Diez socios inicialmente, ahora algunos menos por jubilación, que gozan de una serie de privilegios adquiridos en su día, en salarios y horas lectivas que parecen “inamovibles”. Estas personas se acogieron a un convenio de educación de otra época cuyas condiciones hasta ahora han mantenido.
La Ciudad establece las categorías por grupos y no contempla la figura del profesor. La aplicación de las condiciones como organismo autónomo conllevaría para estas personas el cumplimiento de un horario laboral que ahora no cumplen, el mismo al que están sujetos los empleados laborales de la Ciudad Autónoma.
Otro tema es que algunos de estos profesores no tienen la licenciatura o titulación y no podrían dar clases. A aquellos nuevos profesores que acceden desde una bolsa de trabajo les exigen la licenciatura correspondiente y si es necesario una compatibilidad. Obligaciones que deben cumplirse ahora y que sólo son para los nuevos docentes que podrían incorporarse para ampliar temporalmente la plantilla o debido a sustituciones.
A este medio se le informa que al menos dos profesores de la antigua SL están dando clases en centros privados concertados, en San Daniel y San Agustín, pese a un informe de la Abogacía del Estado que genéricamente resuelve en sentido contrario a los intereses de estos docentes y que la Ciudad conoce. No se les ha aceptado la compatibilidad y ejercen en los citados centros. La Ciudad Autónoma permite lo que la Administración educativa no haría. Algunos de los afectados por las irregularidades estudian plantear la anomalía al Ministerio porque la Ciudad no pone remedio pese a saber de la consulta, que concluye que los centros concertados son subvencionados con fondos públicos, con lo cual no se debería estimar una compatibilidad en los dos casos mencionados.
Acceso del personal docente
Por otro lado, las nuevas contrataciones ya no serán por el procedimiento de bolsa de trabajo este año y el consejero de Educación ha decidido que las incorporaciones se realicen a través del Servicio Público de Empleo (SEPE) para evitar la concatenación de contratos y futuros problemas de diversa índole.
Descartada la negociación interna “que no va a llegar nunca” nos aseguran nuestros interlocutores, los sindicatos sugieren que las plazas docentes salgan a concurso público.
Que la Ciudad no regularice la situación del personal subrogado al centro -opinan- podría ser también debido a que supone un incremento en sus presupuestos del capítulo de Personal.
En la actualidad el personal no docente del centro lo forman un director, un administrativo y un auxiliar administrativo, además del cupo docente, alrededor de una decena de trabajadores.
