La problemática de los menores migrantes no acompañados en Ceuta, como en Canarias, ha alcanzado niveles críticos debido a la saturación de los centros de acogida. En Ceuta, que tuvo que habilitar recursos de emergencia, se estima que son alrededor de 450 menores, una cifra que el Gobierno local ha calificado como "insostenible" para su sistema de acogida.
El acuerdo alcanzado entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente insular, Fernando Clavijo, establece un plan para derivar a 4.500 menores migrantes al resto de comunidades autónomas de España. De ellos, 500 procederán de Ceuta. Este movimiento busca aliviar la presión sobre los sistemas de acogida de ambos territorios.
La propuesta contempla dos posibles criterios: basarse únicamente en la población de las comunidades autónomas o incluir también el esfuerzo previo de acogida, como defiende Canarias. Ceuta, al igual que Canarias, espera que esta distribución sea equitativa para garantizar que no se generen nuevas desigualdades.
Uno de los mayores avances del acuerdo es el compromiso del Gobierno central de sufragar el 100% del coste de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad. Esto supone una mejora respecto a propuestas anteriores, donde solo se garantizaba la financiación del primer año de estancia en los centros de acogida.
Se han establecido diez días para consensuar todos los detalles y avanzar hacia el visto bueno definitivo. Además, el Ministerio de Hacienda está ultimando la aprobación de los fondos necesarios para este plan.
El acuerdo requiere el respaldo de los socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esto incluye asegurar el apoyo de partidos como el PNV y Junts, con quienes ya se han iniciado contactos. Para Ceuta, este acuerdo representa una oportunidad para abordar una crisis que ha sobrecargado su sistema de acogida durante años.
Además, la financiación garantizada aliviará la carga económica que, hasta ahora, recaía principalmente en el gobierno local. Este cambio no solo beneficia a Ceuta, sino que también fomenta un enfoque más solidario y coordinado a nivel estatal.
A pesar de los avances, el acuerdo debe superar el bloqueo del Partido Popular, que gobierna en 11 de las 16 comunidades autónomas receptoras, y que ha mostrado su rechazo al plan, argumentando que el Gobierno debería asumir directamente la tutela de los menores. Esta postura podría complicar la implementación del acuerdo si no se logran los apoyos parlamentarios necesarios.
