Ceuta ve en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería una válvula de escape. El Real Decreto-Ley aprobado la pasada semana en el Congreso permitirá, si no hay acuerdo en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
“El Grupo Popular de Ceuta ha estado desde el primer momento a favor de esta reforma. Estamos satisfechos con su aprobación”, ha asegurado este lunes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez. El también consejero de Presidencia ha puesto en valor el papel del presidente Juan Vivas en la coordinación con los ministerios implicados, especialmente el de Política Territorial y el de Infancia y Juventud, liderado por Sira Rego.
Actualmente, Ceuta atiende a entre 400 y 430 menores extranjeros, cuando el sistema de acogida apenas puede asumir un centenar. “Los dispositivos de emergencia están al 75% y la red general supera el 400% de ocupación”, ha explicado Ramírez. Con la nueva norma, el Gobierno ceutí estima que podrían derivarse hasta 400 menores fuera del territorio, un alivio notable para los recursos locales.
Si no hay consenso, se aplicará la ley
La nueva normativa se activará de forma automática si la Conferencia Sectorial del 28 de abril no alcanza un consenso unánime. “Una vez aprobada, la ley se tiene que cumplir. Esperamos que se aplique cuanto antes, porque la situación aquí es insostenible”, ha insistido el portavoz.
Aún sin detalles concretos sobre el desarrollo reglamentario, el Ministerio ya ha trasladado al Gobierno ceutí su intención de iniciar los traslados “incluso antes del verano”.
Posibles recursos judiciales
Ramírez no descarta que algunas comunidades autónomas recurran la medida ante los tribunales, pero ha sido tajante: “Mientras no haya una sentencia que diga lo contrario, todas las comunidades están obligadas a aplicar la ley”.
El portavoz ha lamentado la falta de solidaridad entre territorios, pese a los continuos llamamientos. “Por eso se ha optado por esta vía legal. Era necesaria”, ha señalado. En este contexto, ha subrayado el papel que jugará la Fiscalía de Menores como garante del cumplimiento de la norma.
Y ha cerrado con un mensaje esperanzador: “Desde la última Conferencia Sectorial, en julio de 2023, solo se han trasladado 87 menores. Confiamos en que esta vez el mecanismo funcione de verdad y se imponga el sentido común”.
