“Es un tema trascendental y fundamental para nuestra ciudad”, ha subrayado Alejandro Ramírez este martes tras el Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el protocolo que regirá la reubicación obligatoria de menores migrantes no acompañados. El modelo, que se activará el 28 de agosto, pretende trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Ceuta, Melilla y Canarias al resto del país.
En el caso de Ceuta, la presión es insostenible: 441 menores tutelados, un 400 % por encima de la ocupación máxima. De ahí la insistencia del Ejecutivo local en que la medida no se demore. “Lo que esperamos es que se pueda aplicar con la mayor urgencia posible, lo antes posible, que al final es lo que la ciudad viene pidiendo desde hace años”, defendió el portavoz.
Una cuestión de Estado
El real decreto aprobado en el Consejo de Ministros concreta el procedimiento para ejecutar los traslados, tras la reforma legal del pasado marzo que abrió la puerta a la derivación obligatoria. Pero el camino no está exento de tensiones: once autonomías han recurrido el texto ante el Constitucional, y la mayoría de gobiernos del PP plantaron al Ejecutivo en la sectorial celebrada la pasada semana.
Preguntado por esa oposición, Ramírez se ha mostrado tajante. “No vamos a entrar a valorar las decisiones individuales de cada gobierno. Obviamente, en esta no compartimos esa postura. Creemos que la inmigración, y más en el caso de menores, es una cuestión de Estado que debe resolverse de manera conjunta”.
El portavoz recordó que Ceuta ha respaldado “de manera firme y contundente” cada paso del Gobierno central para dar salida a una situación límite. “Esperemos que con el protocolo se establezcan los mecanismos más ágiles para que se ejecute el reparto cuanto antes”.
Cómo funcionará el protocolo
El texto fija que cada traslado contará con la participación del Ministerio Fiscal, que deberá ser informado y emitir informe si el joven rechaza la reubicación. La comunidad de origen tendrá que elaborar un informe individual y realizar una entrevista personal antes del traslado.
Los desplazamientos serán gestionados por la autonomía de destino y financiados por el fondo estatal de 100 millones aprobado en marzo. Los viajes correrán a cargo de profesionales de la entidad pública de origen, que deberán coordinarse con los de destino. Si la comunidad receptora se niega, podrán solicitar intervención policial, que informará al fiscal y entregará al menor en el punto designado.
Además, si el joven carece de permiso de residencia, la Subdelegación del Gobierno tramitará la autorización con carácter preferente antes de su traslado.
40 millones más para solicitantes de asilo
Paralelamente, el Gobierno aprobará una declaración de emergencia con 40 millones y 1.200 plazas para derivar a la península a menores solicitantes de asilo desde Canarias, en cumplimiento de la orden del Supremo del 25 de marzo, que exige al Estado asumir a estos jóvenes en su red de recursos.
