El consenso sobre la redistribución de los menores extranjeros no acompañados que desbordan los centros de acogida en Canarias y Ceuta podría convertirse en un problema interno para el Partido Popular. En ambas comunidades gobierna el PP—en Canarias, junto a Coalición Canaria, y en Ceuta, en minoría—y son las zonas más afectadas por la crisis migratoria.
Tras la reunión de este jueves entre la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el Partido Popular ha criticado lo que considera una “solidaridad asimétrica” en el reparto de menores. “El Gobierno los usa como moneda de cambio”, denunció Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, quien además rechazó el acuerdo que, señalan desde el PP, "exime" a Cataluña y al País Vasco de acoger nuevos migrantes. “Nos parece políticamente inexplicable y mezquino que dos comunidades autónomas queden al margen de un reparto que debe ser solidario”.
Sin embargo, esta visión no es unánime dentro del partido. El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, se ha mostrado a favor del decreto que negocia el Ejecutivo central para repartir a los 4.500 menores migrantes entre distintas comunidades. “Es una propuesta del Gobierno canario”, defendió, añadiendo que, si eso le genera problemas con la dirección nacional del PP, “pues, mala suerte”.
Domínguez subrayó que el reparto no es la solución definitiva. Usando la metáfora de un cubo que se llena sin cesar, insistiendo en que la prioridad debe ser “cerrar el grifo” y frenar la llegada de migrantes, algo que, según él, el Gobierno central ha decidido ignorar. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado la propuesta del PP para que sea la propia administración central la que asuma la tutela, la educación y los cuidados de estos menores. Domínguez defendió que esta sería la mejor opción.
El actual acuerdo busca aliviar la saturación de los centros de acogida, donde la sobreocupación en Ceuta alcanzó el 500% y en Canarias hay alrededor de 5.000 menores esperando destino. Sin embargo, el Gobierno de Ceuta aún no ha tomado una postura clara respecto al reparto de 4.500 menores—4.000 de Canarias y 500 de Ceuta—, una medida que la oposición ha tachado de “injusta” al considerar que excluye a Cataluña y el País Vasco.
Desde el Gobierno central desmienten esta acusación. La ministra Sira Rego ha asegurado que ninguna comunidad autónoma quedará fuera del reparto y ha instado al PP y al resto de partidos a mostrar “altura de miras” para respaldar la propuesta. Según explicó, el acuerdo está basado en criterios territoriales y socioeconómicos, alineados con los aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022.
Clavijo, uno de los principales interlocutores en la negociación, insiste en que este es un “drama humanitario” que debe gestionarse con equilibrio. Rego subraya que el objetivo es crear un sistema de acogida sostenible, garantizando los derechos de los menores y evitando sobrecargas en territorios concretos.
A pesar de las explicaciones del Gobierno, aún quedan incógnitas sobre cómo se concretará el reparto y si se articulará mediante un decreto ley. Se espera que estos detalles se aclaren en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que sigue sin fecha pese a que estaba prevista para la segunda semana de febrero en Ceuta, donde se abordará la propuesta impulsada por Canarias y el País Vasco.
