El reciente Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece un marco para el traslado de menores extranjeros no acompañados desde autonomías colapsadas hacia aquellas con mayor capacidad de acogida. Esta medida, que busca aliviar la presión en regiones como Ceuta, está generando un intenso debate político a nivel nacional, con el rechazo del Partido Popular.
En Ceuta, donde actualmente se superan los 400 menores acogidos, el límite propuesto por el decreto es de menos de 100. Esta situación ha llevado al Gobierno local a respaldar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que haría obligatorio el reparto de menores en un plazo de 15 días. Según el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, esta medida no solo garantizaría una atención adecuada a los menores, sino que también aliviaría la carga financiera de la ciudad.
Sin embargo, el diputado nacional del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, enfrenta un dilema político. La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, le ha instado a votar en conciencia, alineándose con los intereses de Ceuta, aunque esto implique romper con la disciplina de su partido. Ramírez, por su parte, ha señalado que la decisión final recae en Celaya y en las directrices del Partido Popular a nivel nacional.
El plazo para que las autonomías remitan sus datos al Gobierno de la Nación vence el 31 de marzo, antes de la celebración de la Conferencia Sectorial. De no alcanzarse un consenso, será la postura del Gobierno central la que prevalezca, marcando un punto de inflexión en la gestión de menores extranjeros no acompañados en España aunque el Partido Popular ha anunciado que cumplirá con el decreto ley sobre la distribución de menores migrantes no acompañados, según señaló el presidente de la formación política en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, aunque denuncian que el Gobierno utiliza a los menores.
