El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinará con los delegados del Gobierno la derivación a la península de los menores migrantes no acompañados ante el colapso de los centros de acogida de Ceuta, Melilla y Canarias.
El Gobierno central prepara una respuesta urgente ante el colapso de los sistemas de acogida de Ceuta, Melilla y Canarias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que reunirá, en las próximas semanas, a los delegados del Gobierno para coordinar la derivación a la península de los menores migrantes no acompañados llegados a las fronteras sur. Lo hará en virtud del nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite una redistribución automática de estos menores entre todas las comunidades autónomas.
Así lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras asistir a la firma de un protocolo de actuación ante incendios forestales en instalaciones militares. El acto ha servido de telón de fondo para poner sobre la mesa una de las prioridades más urgentes del Gobierno: desatascar el sistema de acogida en las regiones más presionadas por la migración irregular.
“El gran asunto que tenemos entre manos es la aplicación del nuevo artículo 35. Todo el esfuerzo de los ministerios está centrado en ello”, ha subrayado Pestana.
La reforma legal, aprobada en Consejo de Ministros, busca aliviar la carga que soportan en solitario territorios como Canarias y las dos ciudades autónomas. “Hace mejor nuestro país y articula un mecanismo automático en el sistema autonómico para que ningún territorio que sea frontera se quede solo ante el fenómeno migratorio”, ha defendido el delegado.
Pestana ha insistido en que la nueva normativa “se aplicará con prontitud”, y ha expresado su confianza en que este mismo verano se haya resuelto la situación de colapso. Asegura que el Ejecutivo ya trabaja en coordinación con el Gobierno de Canarias para adaptar las instalaciones que acogerán a los menores derivados, y garantizar que reúnan “las mejores condiciones posibles”.
El proceso, reconoce, será progresivo. “Llevará su tiempo e implicará una labor de coordinación entre quienes mantienen la tutela —los gobierno de Ceuta, Melilla y Canarias— y quien viene en su ayuda —el Gobierno de España—”.
Torres, desde Berlín, exige al PP que acate la ley y deje de obstaculizar
El asunto ha cobrado una nueva dimensión política tras la reciente polémica en la Comunidad de Madrid. El traslado previsto de 400 menores desde Canarias a un centro en Pozuelo de Alarcón ha desatado un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno madrileño, que asegura haberse enterado del plan “por los medios”.
Desde Berlín, donde ha inaugurado una exposición sobre memoria democrática en la embajada de España en Alemania, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido tajante: “Hay un fallo del Tribunal Supremo que tenemos que acatar todos. Lanzo un mensaje claro al Partido Popular: ¿están en desacato al Supremo o en contra de una modificación legislativa que ya es ley?”.
El también coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración ha asegurado que el Gobierno está haciendo “lo máximo” dentro de sus competencias, y ha recordado que la redistribución contempla tan solo 1.000 menores, frente a los más de 6.000 que acoge en solitario la comunidad canaria.
Torres ha denunciado la actitud del PP, al que acusa de “levantar la voz solo cuando los menores dejan de estar confinados en las fronteras”. Y ha cuestionado directamente la estrategia de los populares: “¿Cuál es entonces su propuesta para Ceuta, Melilla o Baleares? ¿El hacinamiento?”
“No se puede hablar de derechos sociales ni de humanidad mientras se bloquea una medida que busca precisamente proteger a menores vulnerables”, ha advertido.
Desde Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha replicado acusando al Ejecutivo central de “falta de lealtad institucional”, al no haber informado del traslado previsto. La tensión política sigue creciendo mientras el Tribunal Supremo exige informes quincenales al Estado y a Canarias sobre la situación de los menores refugiados.
