El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un incremento de 500.000 euros para la atención de menores extranjeros no acompañados. La partida se extrae del fondo de contingencia presupuestaria y busca aliviar la presión de un sistema de acogida desbordado.
El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, ha explicado que la medida responde a la urgencia de adelantar fondos ante la falta de una solución estatal que distribuya a estos menores entre las comunidades autónomas. La conferencia sectorial, clave para activar ese reparto, está prevista para este mes de junio, según el Ministerio de Juventud e Infancia, pero aún no tiene fecha fijada.
Actualmente, Ceuta acoge a 409 menores, lo que supone una sobrecarga del 365% respecto a la capacidad de los recursos ordinarios de acogida de la ciudad. Un 65% de ellos se encuentran en centros provisionales habilitados como solución de emergencia.
Ramírez ha insistido en que el reparto equitativo entre comunidades no se ha materializado “por falta de solidaridad”. Sin citar expresamente a nadie, ha apuntado a la negativa de varios gobiernos autonómicos del PP. “Si todos hubieran sido solidarios, esto estaría resuelto desde hace tiempo”, ha dicho.
El consejero ha recordado que el PP de Ceuta ha sido el único que ha respaldado la reforma de la Ley de Extranjería promovida por el Gobierno central. Esta modificación legal, canalizada a través de un real decreto ley, permitiría distribuir a los menores entre regiones, una solución que aún no ha entrado en vigor por los tiempos administrativos que conlleva. “La reforma no es un trámite rápido. Y esa demora ha prolongado un problema que en Ceuta y Canarias ya es acuciante”, ha subrayado.
La presión financiera sobre las arcas del Ayuntamiento es creciente. Los presupuestos recogen 11 millones de euros comprometidos por el Estado para sufragar el coste del acogimiento, pero la transferencia aún no se ha hecho efectiva. Ante esta incertidumbre, la Ciudad ha optado por activar el fondo de contingencia.
“Es un recurso limitado, solo para situaciones muy justificadas como esta”, ha defendido Ramírez. El portavoz no descarta que se vuelva a recurrir a ese fondo si el Estado no cumple con los plazos de financiación. De momento, y tras esta última operación, el fondo queda sin crédito disponible. “Es la única vía que tenemos para responder a una necesidad sobrevenida que no admite espera”, ha concluido.
