La postura del Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, respecto a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, coloca al Gobierno de Ceuta en una posición incómoda. El real decreto, que será votado este jueves en el Congreso, representa un dilema para el Ejecutivo ceutí, sobre todo tras las declaraciones del presidente de Melilla, José Juan Imbroda, quien ya ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que excluya a su ciudad del reparto de menores que aliviaría la sobreocupación de los centros de Ceuta y Canarias.
Imbroda argumentó, en rueda de prensa, que los centros de acogida melillenses "ya están saturados" y que la Melilla arrastra un déficit histórico de 120 millones de euros en los gastos de acogida de los menores extranjeros no acompañado. Actualmente, Melilla acoge a 195 menores, lo que representa cerca del 90% de la capacidad de centros como La Purísima, el Centro Asistencial o Divina Infantita. En 2018, la cifra ascendía a 1.825.
Desde Ceuta, el Ejecutivo ha optado por evitar una confrontación directa. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno, ha esquivado valorar las palabras de Imbroda, aunque ha lanzado una reflexión que deja clara la posición ceutí: "si alguna ciudad fronteriza llega a sufrir un problema tan grave como el que vive Ceuta, la aplicación del real decreto permitirá solucionarlo", ha deslizado.
Respecto a la postura que adoptarán los diputados nacionales este jueves en el Congreso —incluido el de Ceuta, Javier Celaya—, Ramírez ha repetido el discurso que lleva empleando desde que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto: "se da por hecho que seguirán la disciplina de voto del partido", mientras que el Ejecutivo local se limita "a expresar de forma libre y directa su posicionamiento". Ha reiterado que la reforma propuesta es positiva para la ciudad, ya que permitiría aliviar la sobreocupación de los recursos municipales. "La aplicación de este real decreto ley soluciona de una manera muy amplia el problema que tenemos en la actualidad", insistió.
Ramírez también ha ofrecido datos para contextualizar la magnitud del problema. Actualmente, la Ciudad tutela a 420 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un 400% más de lo que permiten los recursos ordinarios y multiplica por 24 la media nacional. La reciente agresión a dos vigilantes de seguridad por parte de tres menores en el centro 'Nueva Esperanza', ubicado en las naves de El Tarajal, ha sido utilizada para ilustrar la gravedad de la situación. Para el portavoz, este tipo de episodios son un síntoma claro: cuando los menores están hacinados y no reciben la atención necesaria, el riesgo de conflictos se dispara. para solucionar la crisis de menores no acompañados que vive la ciudad.
