Inmigración

¿Sabe el Gobierno español que puede estar enviando a la Península a migrantes con delitos graves?

photo_camera Solicitantes de asilo (C.A.)

Casi 2.000 personas que acudieron a la Oficina de Asilo de la frontera ya han cruzado o están a punto de hacerlo sin pasar por la criba de los funcionarios de la OAR, que son quienes pueden denegar las peticiones o decidir la expulsión en su caso. 

Los migrantes que salen a la Península tras pasar por la Oficina de Asilo de la frontera de Ceuta lo siguen haciendo al mes y un día de acudir, sin que se cumplan los trámites reglamentarios. A los funcionarios de la OAR (Oficina de Asilo y Refugio), encargados del procedimiento no se les ha visto por Ceuta.

¿Por qué el Gobierno de España no solicita su presencia en las oficinas para que se cumpla la ley? ¿Es conocedor de que a algunas de estas personas les consta causas pendientes por homicidio, robo, corrupción de menores, etc… ¿A quiénes estamos enviando al resto de España? Muchos de ellos ya no hay forma de localizarlos. Han dado un domicilio, pero no viven allí.

Mal día para la ciudad será aquel en que sea noticia porque se descubra que el delincuente que atacó a un víctima cualquiera y en cualquier punto de España, procedía de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Una persona que obtuvo el pase a la Península sin tener derecho a asilo porque “buscar trabajo” no está entre los requisitos exigidos.

1.600 solicitantes de asilo ya abandonaron Ceuta, el ritmo es de entre 30 a 40 migrantes al día.  

La falta de un control y la correcta tramitación conforme a ley por la ausencia de los miembros de la OAR del Ministerio del Interior, facilita que se salte en el procedimiento la comprobación de si estas personas que viajan a la Península al mes y un día de pasar por la oficina de la frontera, tienen causas pendientes o una gruesa ficha delictiva.   

En esas expediciones puede haber casos de personas que son corruptores de menores. No se ha realizado el trámite correspondiente para evitar que supuestos delincuentes, incluso con órdenes de busca y captura, convivan con el resto de la sociedad española. ¿Por qué no se han desplazado a Ceuta los funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio? ¿Quién ha comprobado si tienen causas o cumplimientos pendientes o quién les ha realizado las entrevistas adecuadas en cada caso? Nadie. 

Las autoridades, y no se explica por qué, siguen obviando la aplicación del Reglamento y miran hacia otro lado. ¿Qué está esperando el Gobierno español para que los funcionarios del Ministerio del Interior hagan su función en Ceuta?.

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