La propuesta que el Ministerio de Juventud e Infancia planteó al PP para la distribución de menores tutelados obligaría a la Comunidad de Madrid y a Valencia a crear casi 2.000 plazas asistenciales. La fórmula ideada por el Gobierno, basada en criterios de población, supondría que las comunidades autónomas habilitaran 4.437 plazas en todo el país.
Así, Madrid, que sería la comunidad con un mayor déficit, debería disponer 1.145 plazas nuevas y Andalucía 839. En el resto de territorios, las nuevas plazas se repartirían del siguiente modo: Valencia, 764, Castilla-La Mancha, 367, Galicia, 327, Castilla y León, 292, Región de Murcia, 285, Aragón, 140, Extremadura, 92, Cantabria, 59, Islas Baleares, 56, Asturias, 39 y La Rioja, 32.
Los territorios que ya superan las plazas estructurales que según el criterio de población les corresponderían son Cataluña, 1.065 más, País Vasco, 498, y Navarra, 85. A los que por supuesto, hay que sumar Canarias, Ceuta y Melilla, cuyo número de plazas exceden en 65, 45 y 150 las que les tocaría por número de habitantes.
Estos datos figuran en uno de los documentos sobre los que trabajaban el Gobierno, la Comunidad Canaria y el PP –y al que ha tenido acceso EFE- para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería.
El criterio utilizado para esta distribución fija la ratio de plazas en 1 por cada 2.250 habitantes.
