Sigue la polémica en torno a las zonas fronterizas./M.G.Las organizaciones no gubernamentales han contestado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que el debate no es sobre la eliminación de fronteras o a dónde enviar a los inmigrantes, sino el modo en que se gestiona en el perímetro en Ceuta y Melilla, con el objeto de no vulnerar derechos fundamentales. Desde su perspectiva hay alternativas a la devolución inmediata, las mismas que se aplican cuando grupos de personas llegan en patera a las costas españolas.
La responsable del área jurídica de Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo, resume el sentir de las más de 120 ONG que firman un manifiesto exigiendo la retirada de la disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana que legalizará las devoluciones en calitente al reformar la de Extranjería: "Esta no es una discusión sobre quitar o no las fronteras".
"Reconocemos la legitimidad de los Estados para controlar los flujos migratorios. Lo que decimos es que no se puede hacer a cualquier precio, que hay líneas rojas que no pueden cruzarse y que existe un marco legal español y comunitario muy claro en ese sentido: las personas que sean interceptadas intentando entrar de forma irregular tienen que ser identificadas en comisaría con un abogado y un intérprete y en su caso, se les debe incoar un expediente de devolución a su país", explica.
Manzanedo insiste en que "ésta es la alternativa" y es la misma que se sigue en las costas españolas. "Con ese procedimiento habrá gente que pueda quedarse y gente que no, que tendrá que ser repatriada, para lo que habrá que hablar con sus países de origen. Es lo que se está haciendo con las entradas irregulares en patera, se les incoa un expediente de devolución. Sólo en Ceuta y Melilla se está gestionando la frontera con medidas de facto y utilizando la violencia", expone.
