La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional ha detenido a 12 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes de origen marroquí desde Ceuta hasta Algeciras. Cinco de los detenidos han sido enviados a prisión provisional por orden del Juzgado N.º 3 de Algeciras. Además, en el marco de la operación, se han recuperado seis embarcaciones de recreo robadas y devueltas a sus legítimos propietarios.
Un entramado criminal bien organizado
La investigación, iniciada en julio de 2024, se activó tras la llegada de una embarcación de recreo a la Playa de Getares (Algeciras) con dos menores extranjeros no acompañados a bordo. Las pesquisas policiales revelaron que la embarcación había sido sustraída días antes en un puerto deportivo de la ciudad. A partir de este suceso, se identificó un patrón de robos de embarcaciones en puertos deportivos de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que posteriormente aparecían abandonadas tras haber sido utilizadas para el traslado clandestino de personas.
Los integrantes de la red criminal contaban con la colaboración de empleados de clubes náuticos, quienes facilitaban información sobre las embarcaciones más adecuadas para ser robadas y alertaban sobre la presencia policial. Una vez seleccionada la embarcación, la sustraían y la llevaban hasta Ceuta, donde otro grupo de la organización esperaba con los migrantes para trasladarlos a la península.
Riesgo extremo para los migrantes
La organización utilizaba a menores de edad como pilotos de las embarcaciones, aprovechando la menor responsabilidad penal en caso de ser interceptados. Las travesías se realizaban en condiciones extremadamente peligrosas, con embarcaciones sobrecargadas y sin medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en grave riesgo la vida de los migrantes.
Se estima que la red logró introducir ilegalmente en territorio español a 40 personas, cobrando entre 4.000 y 4.500 euros por cada pasaje. En total, la organización habría obtenido unos beneficios de aproximadamente 180.000 euros con su actividad delictiva.
Con esta operación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un grupo delictivo con una estructura organizada y un alto nivel de especialización en la falsificación de documentos y el tráfico de personas.
