La salida hacia Marruecos de dos microbuses entre las dos y las cuatro y media de la tarde con extranjeros en su interior anunciaba este viernes el principio del fin del contencioso generado en torno a los niños y adolescentes marroquíes que entraron de manera irregular en Ceuta el pasado mayo. O al menos eso es lo que la devolución al país vecino de una quincena de menores hace aparentar. El objetivo, a lo que parece, es el de retornar a su país a los más de 700 menores que a día de hoy permanecen en la ciudad.
El proceso abierto por las autoridades españolas sigue presentando, sin embargo, algunas oscuridades. Tres horas después de la salida hacia Marruecos de los últimos menores, la Delegación del Gobierno en Ceuta todavía no había ofrecido información alguna sobre el fundamento legal en el que se apoyan las deportaciones ni tan siquiera sobre el número exacto de menores que ya se encuentran en el país vecino.
La orden entregada el pasado día 10 a la Delegación, de cuyo contenido también fue informada la Ciudad, instaba a la devolución de los menores al tiempo que, de manera genérica, requería a la representación del Estado en Ceuta a velar por los derechos de los niños y adolescentes concernidos "con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela". El documento también precisaba que Marruecos "garantizará los derechos de los menores hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible, y en el caso de no existir padres, L’ Entraide Nationale se hará cargo de los menores".
Las autoridades españolas no han dado a conocer qué clase de protocolo regulará esta operación de devolución. Tampoco se ha detallado si las repatriaciones se formalizarán al amparo del convenio que entró en vigor en 2012 por el que España y Marruecos acordaban los procedimientos para la devolución de menores. El convenio validaba la disposición de los dos países de garantizar los intereses de los menores y preservar “las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”. Este es también el tenor literal de uno de los párrafos de la orden entregada por Interior a la Delegación. Aquel convenio de 2012 no se ha aplicado hasta la fecha.
Ante esta indefinición, distintas organizaciones de derechos humanos ya han alertado de que cualquier devolución colectiva de menores supondría un quebrantamiento de la ley.
