El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, solicitará información a los ministerios del Interior y Justicia sobre los servicios de asistencia jurídica que el Estado presta a los migrantes que arriban a las costas españolas de manera irregular. La pesquisa es el resultado de una queja presentada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ha reclamado el amparo del Defensor para exigir a las autoridades que garanticen los medios necesarios para hacer posible la asistencia letrada efectiva a los migrantes.
Según denuncia el Consejo, los derechos de los migrantes están siendo vulnerados ante la ausencia de instalaciones esenciales para que los abogados puedan entrevistarse reservadamente con sus clientes y debido a la carencia de un servicio eficaz de traducción para atenderlos en su idioma natal.
