La asociación Elín ha manifestado vía comunicado su “más absoluto rechazo y disconformidad” ante la ratificación del sobreseimiento de la causa de la playa de El Tarajal del 6 de febrero de 2014, cuando 15 subsaharianos murieron en el intento de llegar a nado a Ceuta. Entonces, varios guardias civiles fueron señalados judicialmente por disparar a los fallecidos con pelotas de goma y material antidisturbios, lo que les llevó a tener que declarar como investigados.
Unos hechos que, según la organización, “no pueden quedar impunes porque causaron la trágica muerte de 15 personas”. Sin embargo, la Justicia ha dado carpetazo, y niega recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre.
En Elín lamentan que “una vez más se sigue sin hacer justicia a las 15 personas que perdieron su vida como consecuencia de una nefasta gestión de la frontera sur española y no se repara el daño y sufrimiento de sus familias. Ya el tribunal de instancia no apreció relación de causalidad entre la actuación de los agentes y los fallecimientos por ahogamiento y lesiones”.
Sin embargo, alegan que “los hechos son otros y se pueden contrastar y corroborar con las grabaciones que se realizaron aquel fatídico día en la Playa del Tarajal y en la zona perimetral de la valla fronteriza”.
Para la entidad, esta sentencia “es un ejemplo más de cómo impera un sistema político, económico y social que promociona políticas y prácticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y niega el derecho a la vida. Declaran, además, que “la primera norma en el mar es la de la obligación de socorrer a aquella persona que está en peligro y así lo recogen las leyes internacionales”.
Sin embargo, las instituciones judiciales, tal y como recoge el auto del Juzgado de Instrucción de Ceuta en su auto de 2015, consideran que “los migrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil.” En Elín subrayan que “¿Desde cuándo una advertencia exime de asistir a quién lo precisa? ¿Por qué hacemos semejante distinción?” y recuerdan del mismo modo que “la entrada por un puesto no habilitado no es un delito por lo que no se justifica el uso desproporcionado de la violencia”.
No obstante, insisten en que seguirán reclamando justicia por las vidas de los subsaharianos, así como la reparación a sus familias. “Porque migrar es un derecho y seguiremos exigiendo vías legales para que las políticas migratorias no se cobren ni una vida más”.
