Son datos recogidos por la oenegé Save the Children en su informe "Los más solos", en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.
En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.
En 2016 abandonaron voluntariamente los servicios de protección (figuran «en fuga») un total de 825 menores (55 niñas y 770 niños), de los que se ignora su paradero actual. De ellos, 331 estaban en Andalucía, 230 en el Euskadi y 66 en Ceuta. Un ejemplo de estas situaciones de desamparo son los más de un centenar de niños que vivían y viven en la zona de los puertos de Melilla15 y de Ceuta, tras abandonar los centros de acogida con el objetivo de llegar a la península española escondidos en los transbordadores.
A lo largo del documento se han recogido los testimonios de 65 jóvenes con los que hemos hablado y que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes solos en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con el fin de contribuir a que los niños y ni- ñas que emprenden un proyecto migratorio sin acompañamiento tengan una acogida adecuada en nuestro país, estos jóvenes nos han contado su experiencia en primera persona.
Las niñas
El colectivo femenino nunca ha llegado a representar en los últimos años más del 23% del total de menores migrantes tutelados, cifra alcanzada en 2014. Desde entonces, la presencia de niñas ha ido reduciéndose progresivamente, hasta representar el 10% del total de menores tutelados en septiembre de 2017. ¿Dónde están las niñas? ¿Por qué no constan en las estadísticas sobre los menores que viven en España bajo la tutela pública? Es indudable el hecho de que las niñas emigran en menor medida que sus coetáneos varones. Esta realidad es sobre todo causada por los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorar a las niñas y a restringir mucho su libertad de elección.
La exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas ni- ñas y adolescentes que logran llegar a España. Aquí, a menudo no son identificadas como menores de edad o las redes de trata se ocupan de hacerlas desaparecer para poderlas explotar.
En 2017, la cantidad de menores de Marruecos que vivían tutelados en España pasó de los 2.598 de 2016 a los 4.159, lo que supuso un aumento del 60,1%. Si bien los niños y niñas marroquíes siempre han sido el colectivo más numeroso tutelado bajo el sistema de protección español, dicho aumento es el reflejo del agravamiento de las tensiones sociales causadas por una economía frágil, escasas oportunidades para la población y represiones a la libertad de expresión que han caracterizado el 2017. En los últimos años, la presencia de las y los menores argelinos en el sistema de protección de nuestro país ha aumentado progresivamente, disparándose con el paso de 264 en 2016 a 618 en 2017. Este aumento ha supuesto un 134% más de menores.
Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.
"La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad", denuncia la ONG.
Además, la ley permite declarar adultos a los niños "que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos", unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.
El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.
La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.
Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.
