La rueda de prensa del ministro Ángel Víctor Torres en Las Palmas dejó este viernes un dato que en Ceuta no pasa desapercibido: la ciudad autónoma es, junto a Melilla, la que más ha avanzado en la reubicación de menores migrantes no acompañados desde que entró en vigor la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Mientras Canarias acapara titulares por volumen, Ceuta aparece en el mapa con cifras que muestran un trabajo constante —y, según el ministro, “inédito”— entre Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma, Fiscalía y los equipos jurídicos que representan a los menores.
El “procedimiento exprés” en Ceuta: 220 expedientes y 152 traslados ejecutados
Torres desgranó los datos del llamado procedimiento exprés, el que afecta a los menores llegados después del 29 de agosto y que fija un plazo máximo de 15 días para su traslado. En Ceuta se han abierto 220 expedientes, con 197 resoluciones de traslado y 11 archivados.
Lo más relevante: 152 reubicaciones ya se han ejecutado.
La otra vía: la disposición adicional
La norma también obliga a tramitar los expedientes de los menores que ya estaban en el territorio antes de la reforma. En este apartado, Ceuta ha iniciado 214 expedientes, con 120 resoluciones, 29 archivos y 90 reubicaciones ejecutadas.
Balance total: Ceuta roza el 80% de reubicaciones
Sumando ambos procedimientos, la ciudad ha cerrado 317 expedientes con resolución del Gobierno de España y ha ejecutado 242 reubicaciones, lo que supone un 79,4%.
Un porcentaje muy por encima del registrado en Canarias (29,6%) y también superior al de Melilla (72,4%).
Expedientes pendientes: Ceuta solo envió 108 de los 496 previstos
Torres también puso el foco en un punto menos favorable: el envío de expedientes por parte de las comunidades y ciudades autónomas.
A 21 de noviembre, Ceuta había remitido 108 de los 496 que, según el ministro, debía haber enviado para cumplir los plazos legales.
El Gobierno central prevé reuniones con Ceuta, Melilla y Canarias para acelerar este trámite, que no quedará bloqueado aunque se supere el 19 de marzo, ya que —según Torres— “no hay impedimento jurídico” para seguir resolviendo expedientes.
Un mensaje político en el cierre
El ministro terminó su intervención con un aviso sobre el futuro de la ley, señalando que el “riesgo” para su continuidad proviene de determinadas formaciones políticas. Un cierre más político que técnico tras una comparecencia centrada en cifras y procedimientos.
