El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que establece el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Esta medida busca aliviar la situación de Canarias y Ceuta, regiones que han experimentado una presión sin precedentes en sus sistemas de acogida.
El ministro responsable de la comisión interministerial sobre inmigración, Ángel Víctor Torres, anunció que la reforma de la ley de extranjería garantizará una redistribución equitativa y obligatoria de los menores, estableciendo criterios de reparto basados en la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de desempleo (15%), el esfuerzo previo de acogida (6%), el dimensionamiento del sistema de plazas (10%), la condición de ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión poblacional (2%).
Para financiar esta medida, el Gobierno ha asignado un fondo extraordinario de 100 millones de euros, adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, con el fin de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades receptoras. Además, en 2025 se habilitará un crédito adicional para reforzar esta política de acogida.
Un cambio estructural en la acogida de menores
El Ejecutivo defiende que esta reforma supone una solución "real y permanente" para los territorios más afectados por la llegada de menores migrantes, asegurando una redistribución reglada y obligatoria en todo el país. En los últimos años, solo se han realizado repartos puntuales en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, lo que ha resultado insuficiente para atender la creciente presión migratoria en regiones como Canarias y Ceuta.
Canarias ha sido una de las principales comunidades en reivindicar esta medida debido a la saturación de sus recursos asistenciales. Actualmente, la comunidad autónoma tutela a 5.800 menores migrantes, una situación que ha generado un colapso en su sistema de acogida. De manera similar, Ceuta ha apoyado la iniciativa, destacando la necesidad de una "solución estructural" y la urgencia de una financiación estatal para afrontar el gasto extraordinario que supone la acogida de estos menores.
Un modelo solidario y sostenible
Ceuta ha anunciado su respaldo a la iniciativa para la gestión y redistribución de menores extranjeros no acompañados. Así lo ha comunicado el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, que ha enfatizado que el Gobierno de la Ciudad de Ceuta siempre ha defendido que la problemática de los menores migrantes debe ser abordada desde una "perspectiva estructural" y no como un problema exclusivo de las comunidades autónomas fronterizas. Según Ramírez, la situación en Ceuta y Canarias es actualmente insostenible, pero podría replicarse en otras regiones de España en el futuro si no se adoptan medidas estructurales adecuadas.
Desde el Gobierno ceutí se ha insistido en la necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo ágil y eficiente que evite el colapso del sistema de acogida. Ramírez ha indicado que esta redistribución debería realizarse bajo criterios objetivos y con la financiación correspondiente por parte del Estado, garantizando un reparto justo y equitativo entre las distintas comunidades autónomas.
"Se trata de una solución estructural, justa, equilibrada y solidaria dentro de una política de Estado que respete los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional", ha declarado Ramírez.
A pesar del apoyo a la medida, el Gobierno de Ceuta ha recalcado que la situación actual sigue siendo insostenible en términos financieros y presupuestarios. En este contexto, se ha solicitado al Gobierno central una ayuda de 11 millones de euros para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la acogida de menores durante el año 2025.
Ramírez ha insistido en que esta ayuda es inaplazable mientras se concreta la reforma legal, ya que los gastos derivados de la acogida de menores superan ampliamente los recursos disponibles de la Ciudad Autónoma.
Coordinación con Canarias
En relación con la nueva medida, Ramírez ha informado que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido conversaciones con el presidente de Ceuta para compartir los detalles generales del documento que será aprobado en el Consejo de Ministros. No obstante, Ramírez ha señalado que aún no han tenido acceso al documento completo y esperan poder revisarlo en su totalidad una vez sea oficialmente aprobado.
Críticas y reacciones políticas
Por su parte, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha criticado la falta de consideración hacia la situación de Ceuta en la negociación de esta reforma, exigiendo que la protección de los menores migrantes sea la prioridad por encima de las disputas políticas.
