El Gobierno de Ceuta ha cumplido con el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia y ha remitido ya toda la información relativa al número de menores extranjeros no acompañados atendidos por sus servicios durante 2024. Esta comunicación forma parte del procedimiento impulsado por el Estado para conocer la situación en cada comunidad autónoma y avanzar en la definición de nuevos criterios de reparto que permitan aliviar la presión que soportan territorios como Ceuta o Canarias.
Así lo ha confirmado este martes el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, quien ha señalado que el plazo para enviar esta información culminó el lunes. Según ha explicado, la Consejería de Presidencia y Gobernación, bajo la dirección de Alberto Gaitán, ha remitido al Ministerio el informe correspondiente dentro del plazo estipulado.
El documento enviado recoge que, a lo largo del año 2024, los servicios de atención a menores de la Ciudad atendieron a un total de 867 menores extranjeros no acompañados. La información se ha facilitado junto a un listado nominativo que incluye las fechas de nacimiento de los menores y sus fechas de entrada en el sistema de acogida.
Además, el Gobierno ceutí ha incorporado los datos relativos a los traslados efectuados durante el año en el marco del Plan de Contingencia aprobado para 2024, reforzando así la transparencia y la colaboración institucional en un asunto de alta sensibilidad.
En relación con la modificación legal prevista, que está previsto que pase por el Congreso el próximo 10 de abril, Ramírez ha reiterado el respaldo del Gobierno local al Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería para facilitar traslados automáticos de menores en casos de sobreocupación. “Esperamos que se pueda aplicar lo antes posible”, ha declarado.
No obstante, ha reconocido desconocer cuál será la postura definitiva del Partido Popular a nivel nacional sobre este Real Decreto. A pesar de esta incertidumbre, ha insistido en que “tanto el Gobierno como el Grupo Popular en la Asamblea de Ceuta apoya el Real Decreto Ley”, argumentando que la norma contribuirá de forma decisiva a resolver la situación de saturación y el impacto económico que supone la atención a estos menores en la ciudad autónoma.
