El Gobierno central comenzará el próximo 28 de agosto los traslados de menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, a pesar del bloqueo del Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para este jueves.
La reunión no pudo celebrarse por falta de quorum, después de que las comunidades gobernadas por el PP se ausentaran al considerar la convocatoria “ilegal”. A pesar del boicot, el Ejecutivo seguirá adelante con su plan: distribuir un máximo de 3.900 menores migrantes en el plazo de un año.
Ceuta, en situación crítica
En el caso de Ceuta, la presión sobre el sistema de acogida continúa en niveles insostenibles. La ciudad tutela actualmente alrededor de 430 menores extranjeros no acompañados, lo que implica una sobrecapacidad del 386 % en los recursos disponibles. Según datos del propio Gobierno local, en torno al 6 % de los menores se encuentra en dispositivos de emergencia o recursos no provisionales.
Hace unos días, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alejandro Ramírez, ya advertía que la situación es límite y requiere “medidas urgentes”.
Ramírez: “Es un tema de Estado”
Preguntado este jueves por la decisión del PP de plantar al Gobierno en la Conferencia, Ramírez no ocultó su incomodidad. “Es una situación que no nos gusta. Nosotros desde el principio hemos intentado dar a entender que para la ciudad, la problemática de los menores no acompañados es uno de los principales problemas que tiene la ciudad”, afirmó.
El consejero reconoció que puede haber discrepancias en cuestiones técnicas, pero insistió en la necesidad de consenso. "Es una decisión que respetamos, pero obviamente desde el Gobierno de Ceuta no la compartimos”, sostuvo.
Para Ramírez, la clave está en la cooperación territorial. “El tema relacionado con los menores es un tema de Estado, es un tema que creemos que la solidaridad de todas las comunidades no debería tener ningún tipo de debate”, sentenció.
