La Guardia Civil alerta de que la posible derogación del «rechazo en frontera» o «devoluciones en caliente» sea aprovechada por las mafias internacionales dedicadas al tráfico de personas.
Desde el pasado viernes, las costas andaluzas han registrado un balance escalofriante: 1.398 inmigrantes interceptados en el marde Alborán y en El estrecho (entre ellos más de 300 menores), cinco cadáveres rescatado de las aguas y 43 desaparecidos.
La preocupación es más que evidente entre los agentes desplegados en Ceuta y Melilla (unos 600 agentes respectivamente en cada una de las ciudades), a pocos días de que comience el verano, temporada en la que los flujos de inmigración se acentúan de forma considerable.
Y es que la vía de entrada terrestre a través de las vallas de Ceuta y Melilla se había relajado debido a la aplicación de estas «devoluciones», si bien, la Guardia Civil teme que se vuelva a activar y genere un nuevo efecto llamada. De hecho, la presión en la valla de Ceuta ha aumentado en los últimos días.
«Lo que nos preocupa es que es que se inicie una campaña mediática y que en vez de legislar lo que se haga sea lanzar cantos de sirenas que pueden provocar efectos llamadas que nos dejan a los guardias civiles a los pies de los caballos», explicó Guillermo Prada, delegado de APROGC en Melilla.
APROGC entiende que la derogación «sin más» del «rechazo en frontera», actualmente contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, supondría un grave retroceso. Y es que, tal y como alertan, la aparente facilidad para entrar ilegalmente a Europa desde Ceuta y Melilla mantiene a ambas ciudades autónomas en el punto de mira de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas manteniéndose un permanente efecto llamada que ahora, puede agudizarse. La APROGC advierte que esta situación repercute sobre los agentes que se ven sometidos a un alto nivel de estrés. Desde la asociación, consideran que «la presión que soportamos los guardias civiles en Ceuta y Melilla sólo por el mero hecho de cumplir con nuestras obligaciones podría ser considerada como violencia permanente ejercida contra nosotros y la consideramos absolutamente intolerable», denunció Guillermo Prada, delegado de la APROGC en Melilla.
