Inmigración

LA CIUDAD NO CONSIGUE OFRECER UN SERVICIO DE PROTECCIÓN al menor EFECTIVO

Los incidentes en el Poblado Marinero despiertan la tentación de estigmatizar a los "mena"

Un grupo de menores, este fin de semana en el Poblado Marinero (C.A.)
photo_cameraUn grupo de menores, este fin de semana en el Poblado Marinero (C.A.)

La imagen pública de los menores extranjeros no acompañados acaba siendo identificada por no pocos ceutíes con las de estos grupos de jóvenes vagabundos de los que no siempre es recomendable fiarse. El cliché no incluye a las decenas de menores que, bajo la tutela de las autoridades, mantienen un comportamiento intachable en los centros donde se encuentran acogidos.

El Poblado Marinero, un recinto de ocio nocturno frecuentado por centenares de personas cada fin de semana, se ha convertido en el termómetro de la sensibilidad social hacia los menores extranjeros. Los debates que organizaciones de derechos humanos y autoridades públicas cíclicamente se suscitan en torno a los llamados “menas” resultan menos eficaces como unidad de medida de la conciencia social ante el fenómeno que las quejas de los hosteleros del Poblado.

Este pasado fin de semana, los empresarios salían a la luz pública para lamentar la inseguridad que cada noche reina en el recinto y la ausencia de presencia policial. Los propietarios de los establecimientos hosteleros señalan como responsables de este clima de amenaza a los grupos de menores extranjeros que, junto a otros migrantes adultos, pululan por las calles del complejo.

La queja no es nueva y, probablemente, la reacción de la sociedad local no lo será tampoco.

La existencia de decenas de niños y adolescentes que escapan de la tutela de la Ciudad recorriendo las calles sin otro afán que sobrevivir a cada jornada se ha convertido en un problema. Muchos de ellos se abonan a una vida precaria en la que no faltan los comportamientos delictivos. La imagen pública de los menores extranjeros no acompañados acaba siendo identificada por no pocos ceutíes con las de estos grupos de jóvenes vagabundos de los que no siempre es recomendable fiarse.

El cliché no incluye a las decenas de menores que, bajo la tutela de las autoridades, mantienen un comportamiento intachable en los centros donde se encuentran acogidos.

Los niños de la calle no son sino la consecuencia del fracaso del sistema de protección a la infancia que, con especial notoriedad, se registra en las dos ciudades autónomas. Según fuentes sindicales, no es extraño que a diario el 15% de los aproximadamente 200 menores que suele albergar el centro “La Esperanza” se ausente en el recuento nocturno.

La incapacidad de los servicios de protección para prestar asistencia a estos jóvenes ausentes se compadece con el discurso oficial acerca de cuál habría de ser la mejor manera de manejar la situación. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha insistido en que lo más apetecible sería que los extranjeros menores de edad estuviesen con su familia. La idea de que la solución pasa por devolverlos a sus países comienza a cundir entre los responsables públicos y una parte de la ciudadanía.

De hecho, la ley española tiende a identificar el interés superior del menor con la devolución a su entorno familiar o, en su caso, a los servicios de protección de su país. Aunque esa misma ley dificulta convertir la repatriación en la panacea de un problema ante el cual ni el Gobierno central ni los de las dos ciudades autónomas han demostrado perspicacia para actuar. Eso, además, sin contar con que resulta discutible defender que la devolución a su país sea siempre la mejor alternativa para el menor.

Elisa García España, profesora de la Universidad de Málaga (UMA), directora del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) y subdirectora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología mantiene que las leyes españolas hacen primar la condición de extranjero sobre la de menor a la hora de abordar la situación de estos jóvenes. “Su condición de extranjeros y la política de control de fronteras limita su consideración de menores de edad y, por tanto, su protección”, concluye la profesora.

 

Deficiencias

Más allá de estas consideraciones, hay que mencionar los limitados recursos que la Ciudad dispone para la asistencia a los “menas”. Una cifra puede ayudar a situar el contexto. Con los datos contenidos en los presupuestos municipales del pasado año, el Gobierno estableció como previsión un gasto por menor de 70 euros al día, esto es, 2.100 euros al mes. Unas cantidades que no alcanzan, por ejemplo, los 3.250 euros mensuales que percibieron ese año como salario los gestores de servicios de la Ciudad, un cargo que el Gobierno local adjudica discrecionalmente entre personas afines al PP.

La situación del centro de menores “La Esperanza” también resulta reveladora de la política del Gobierno en esta área. Las instalaciones fueron inauguradas hace dieciocho años pero con una función bien distinta a la que ahora desempeña. Entonces, las dependencias fueron abiertas como albergue provisional para familias en riesgo de exclusión social.

La Consejería de Menores es consciente de que el centro no reúne las condiciones que serían deseables para acoger a este perfil de residentes. De hecho, el Gobierno ha reiterado a lo largo de los últimos años su intención de construir unas nuevas instalaciones. Un proyecto que, sin embargo, no parece que vaya a materializarse próximamente.

Comentarios