Con aparente tranquilidad y sin amago alguno de hacer declaraciones llegaba este lunes la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, al Juzgado donde la Fiscalía la ha citado como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de autorizar el pasado mes de agosto la devolución de 55 menores marroquíes que habían accedido a la ciudad en mayo.
Mateos estaba citada a las diez de la mañana y entraba en los juzgados quince minutos antes. Una hora y media después, la delegada del Gobierno abandonaba el Palacio de Justicia, tranquila, sonriendo y como era de esperar sin mucho que decir. Aunque los periodistas han intentado que realizara alguna declaración, Mateos se ha limitado a agradecer la presencia de los medios de comunicación: "Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en estos momentos".
Tras su comparecencia, en caso de que la Fiscalía hallase indicios suficientes de delito en la actuación de la delegada, tendría que judicializar su investigación, ya que el Código Penal castiga con penas de inhabilitación para cargo público la prevaricación administrativa, es decir, la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y responsable del Área de Menores, Mabel Deu, asistió el pasado viernes a los juzgados citada para declarar por este mismo asunto pero lo hizo en calidad de testigo.
Fue la Audiencia Nacional la que señaló directamente a la institución de la plaza de los Reyes como la responsable en los traslados. Así lo concluía el pasado octubre cuando eximía al Ministerio del Interior de dicha competencia y le asignada en todo el proceso un “un papel meramente interno de comunicación entre diferentes órganos administrativos”.
A entender de los jueces que dictaron dicho auto, el "escrito" - en el que Interior rogaba que se procediera "a efectuar el retorno de lo menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos"- "es una simple actuación interna" que "no proyectó efectos frente a terceros" y que, en consecuencia, "no es susceptible de impugnación". Los magistrados insistieron en que, aunque ese escrito "hubiera servido de base o fundamento" para realizar las devoluciones fue "a petición y por voluntad" de la Delegación del Gobierno. En este sentido, reiteraban que, según la legislación vigente, son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las competentes para llevar a cabo las repatriaciones de menores no acompañados.
