La Fiscalía ha citado para interrogar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, después de autorizar el pasado la devolución de los menores marroquíes que accedieron durante la crisis de mayo. E el interrogatorio está previsto para el próximo 13 de diciembre, tal y como ha confirmado a este medio fuentes de la Delegación del Gobierno.
En caso de que la Fiscalía hallase indicios suficientes de delito en la actuación de la delegada, tendría que judicializar su investigación. El Código Penal castiga con penas de inhabilitación para cargo público la prevaricación administrativa, es decir, la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas.
Fue la Audiencia Nacional la que señaló directamente a la institución de la plaza de los Reyes como la responsable en los traslados. Así lo concluía el pasado octubre cuando eximía al Ministerio del Interior de dicha competencia y le asignada en todo el proceso un “un papel meramente interno de comunicación entre diferentes órganos administrativos”.
A entender de los jueces que dictaron dicho auto, el "escrito" - en el que Interior rogaba que se procediera "a efectuar el retorno de lo menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos"- "es una simple actuación interna" que "no proyectó efectos frente a terceros" y que, en consecuencia, "no es susceptible de impugnación". Los magistrados insistieron en que, aunque ese escrito "hubiera servido de base o fundamento" para realizar las devoluciones fue "a petición y por voluntad" de la Delegación del Gobierno. En este sentido, reiteraban que, según la legislación vigente, son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las competentes para llevar a cabo las repatriaciones de menores no acompañados.
