Las comunidades gobernadas por el PP, junto a Melilla y Castilla-La Mancha, vetan el reparto de menores migrantes desde Ceuta y Canarias, pese a que la Ciudad Autónoma soporta una presión insostenible en su red de acogida.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular —once en total—, más Melilla y Castilla-La Mancha, han decidido cerrar filas contra Ceuta. Lo han hecho vetando este martes en bloque el reparto de menores migrantes no acompañados desde la ciudad autónoma y Canarias, pese a la saturación del sistema de acogida y la emergencia reconocida por el propio Estado, según informa Europapress.
En la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud, las autonomías conservadoras no solo rechazaron las cifras propuestas por el Ministerio de Juventud e Infancia, sino que bloquearon el orden del día de la próxima conferencia sectorial. El argumento: el reparto forzoso de menores es, según sus servicios jurídicos, “ilegal”.
La respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno central no se hizo esperar. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, acusó a estas comunidades de “entorpecer la acogida solidaria” de menores que han llegado solos a las costas españolas, en su mayoría a Ceuta, Melilla y Canarias. “La ley es ley y como tal va a cumplirse”, advirtió.
El rechazo, con ataque
La ofensiva del bloque del PP no se limita al rechazo administrativo. Las comunidades denunciaron que el Ejecutivo “cocina los datos” para que Cataluña y el País Vasco —que no acogerán menores esta vez— queden exentas, acusando al Gobierno de Sánchez de usar a los menores como "moneda de cambio" para su supervivencia política.
Lo cierto es que, según el reparto previsto, serán trasladados hasta 3.975 menores desde los territorios en contingencia migratoria. Madrid (647), Andalucía (677) y Comunidad Valenciana (571) asumirían la mitad del total. Cataluña y Euskadi, que ya tienen sus sistemas de acogida “tensionados”, quedarían excluidas del reparto, al menos por ahora.
Ceuta, en el centro del conflicto
Ceuta, cuya capacidad de acogida lleva años superada, vuelve a quedar atrapada entre la sobrecarga y el bloqueo político. La ciudad acoge actualmente a centenares de menores solos, mientras espera desde hace meses que el resto del país asuma su parte del esfuerzo. Sin embargo, la solidaridad territorial ha vuelto a saltar por los aires.
Desde el Ministerio insisten en que los fondos están disponibles: se distribuirán recursos para cubrir los costes de traslados y sobreocupación, con cargo a un fondo específico. Pero mientras tanto, el rechazo político al reparto amenaza con enquistar aún más un sistema que ya hace aguas.
La negativa de las comunidades del PP —y la equidistancia de Melilla— no solo deja a Ceuta sola frente a un problema de Estado, sino que lanza un mensaje claro: la infancia migrante no entra en sus cálculos, ni siquiera cuando se trata de aliviar a territorios desbordados.
