Las comunidades autónomas están citadas este lunes en Madrid para intentar sellar un acuerdo sobre el nuevo sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados desde territorios tensionados como Canarias o Ceuta. La reunión, convocada de forma extraordinaria en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, arrancará a las 16.00 horas en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El Ministerio de Juventud e Infancia busca el respaldo de las regiones a un modelo que fija, por primera vez, cuántos menores debe acoger cada territorio, en función de su población. La propuesta plantea redistribuir unos 4.400 menores durante el primer año, a partir de este verano.
El encuentro se prevé tenso. Varias autonomías gobernadas por el PP han manifestado su rechazo frontal al mecanismo. Aragón ha recurrido la convocatoria ante la Justicia y Madrid ha solicitado por carta su cancelación al considerar la sectorial “ilegal”.
El real decreto ley que sustenta el sistema, convalidado en abril por el Congreso, permite modificar algunos aspectos si hay unanimidad entre las regiones, un escenario improbable dadas las profundas diferencias políticas.
Criterios de reparto y contingencia migratoria
La propuesta del Gobierno establece que una comunidad podrá pedir ser declarada en situación de contingencia migratoria si su nivel de ocupación triplica su capacidad ordinaria. En ese caso, los menores serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y redistribuidos en un plazo de 15 días, aunque no se haya acreditado de forma definitiva su minoría de edad.
El reparto se hará siguiendo una fórmula que combina población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural (10 %), dispersión poblacional (2 %) y particularidades fronterizas e insulares (2 % cada uno).
Algunas autonomías, como Aragón o Madrid, no han facilitado todos los datos solicitados por el Ejecutivo, por lo que el Gobierno trabaja con cifras propias para calcular la capacidad de cada región.
Duración limitada del nuevo modelo
El mecanismo propuesto tendrá una vigencia inicial de un año. Para prolongarlo, será necesario aprobar un nuevo real decreto previo informe de la Sectorial. Pasado ese plazo, cualquier prórroga dependerá de un acuerdo unánime de las comunidades o de una mayoría absoluta del Congreso.
En caso de no alcanzarse estos apoyos, las resoluciones estatales en materia de reubicación dejarán de ser vinculantes para las comunidades autónomas.
