La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado el beneficio económico que obtienen un buen número de grandes empresas de los proyectos promovidos por los poderes públicos relacionados con el fenómeno migratorio. Esta denuncia aparece contenida en el informe “Derechos humanos en la Frontera Sur 2021”, donde se constata que el año pasado 1.717 personas perdieron la vida intentando llegar a España, la cifra más alta desde que existen registros.
“Existe todo un entramado de proyectos cuya finalidad es la de militarizar progresivamente las fronteras a través de sustanciosos contratos con grandes corporaciones o grupos empresariales que llevan años obteniendo una alta rentabilidad y que, incluso, gozan de cierto blindaje por parte las administraciones públicas”, acusa APDHA en su informe. Entre estas empresas, la asociación cita a Indra, ACS, Eulen, El Corte Inglés, Airbus e, incluso, a la sociedad estatal Tragsa.
Cuadros incluidos en el informe "Derechos humanos en la Frontera Sur 2021" (REPRODUCCIÓN)
A juicio de los activistas, los recursos públicos invertido en materia migratoria van orientados exclusivamente a evitar la llegada de migrantes al territorio español. APDHA hace alusión a los más de 300 millones de euros dedicados a la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la cooperación con terceros países para que ejerzan como “tapón” a la llegada de migrantes y los CETI y los vallados fronterizos de Ceuta y Melilla.
Precisamente, el reforzamiento de estas vallas es uno de las causas a las que APDHA atribuye la disminución durante 2020 de la llegada de migrantes a la ciudad. A ello suma la construcción de una nueva valla en Marruecos con concertinas y nuevas garitas de vigilancia. Además, la asociación también toma en consideración las deportaciones y “razzias” promovidas por las autoridades marroquíes entre los subsaharianos que se encuentran en las proximidades de las dos ciudades autónomas.
APDHA denuncia que el desvío de los flujos migratorios hacia la ruta canaria ha obtenido como respuesta del Gobierno propia de un “manual represivo y antihumanitario”. Según constata el informe, el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%.
