La Federación SOS Racismo ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para explicar si se incurrió en una vulneración de la legislación internacional en la operación policial que devolvió a Marruecos a un centenar de migrantes después de la tentativa fallida de salto a la valla registrada en la madrugada del domingo. A la espera de estas explicaciones, los responsables de SOS Racismo no dudan en calificar lo sucedido en la valla de Ceuta como “una vulneración flagrante del Derecho Internacional”.
La organización también exige a Zoido que informe sobre los mecanismos que su departamento prevé poner en marcha para cumplir con la legalidad internacional en materia de derechos humanos.
“El hecho de que incluso se haya hecho público que Cruz Roja diese asistencia sanitaria a estas personas agrava el rol del Ministerio, en la medida que no sólo hay que garantizarles la asistencia humanitaria, sino también un procedimiento individualizado”, protesta el secretario de la entidad, Mikel Mazkiaran.
SOS Racismo recuerda a las autoridades españolas su obligación de informar de sus derechos a las personas interceptadas tras entrar en territorio nacional y de ofrecerles la posibilidad de acceder a asistencia jurídica, intérprete y a la tutela judicial efectiva.
A juicio de la organización, la actuación del Ministerio en Ceuta resulta “incompatible” con el celo que le cabe de identificar entre los migrantes recién llegados perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata.
Además, SOS Racismo arguye que el Consejo de Europa recomendó al Gobierno español que cesase de entregar a los a las fuerzas auxiliares marroquíes ante la evidencia del trato que éstas dispensan a los jóvenes extranjeros que tratan de entrar en Ceuta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha admitido a trámite varias demandas de particulares que han sufrido en primera persona estas prácticas por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
