En plena crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, Europa sigue enredada en las tradicionales disputas internas suscitadas por las consecuencias del fenómeno migratorio. La Comisión Europea trabaja en estos días con el propósito de rubricar un gran acuerdo que sirva para reordenar los flujos de personas llegadas de manera irregular desde el sur y el este del continente.
En estas negociaciones, que no se antojan fáciles pues enfrentan intereses nacionales difíciles de conciliar, las miradas están puestas en las fronteras exteriores de la Unión Europea. La valla de Ceuta llegará, de algún modo, al corazón de Bruselas en las próximas semanas.
La relajación de la presión migratoria, causada por los cierres de fronteras decididos para frenar la expansión del coronavirus, ha contribuido a favorecer un debate menos acuciante de lo habitual. En Ceuta, por ejemplo, las entradas irregulares por mar y por vía terrestre se reducían en los primeros seis meses del año en casi en un 80% y en un 63%, respectivamente.
El pacto migratorio en el que trabaja la comisión se sitúa en la línea de mejorar la eficacia en la expulsión de los irregulares de los territorios de la Unión, un plan particularmente atrayente para los gobiernos ultraconservadores como los de Polonia y Hungría.
Los intereses nacionales más arriba aludidos ya han entrado en juego. La intención es la de ofrecer a los países más intransigentes con los extranjeros “mano dura” en las fronteras a cambio de que acepten asumir la distribución entre los estados miembros de la UE de los migrantes que, finalmente, consigan superar las fronteras europeas.
La solicitud de “cuotas” de reparto de migrantes que plantean España y otros países del sur mediterráneo se compadece con las demandas que tradicionalmente han venido exponiendo las autoridades locales ceutíes. La tesis de que la de Ceuta es frontera exterior de Europa y, por tanto, Europa ha de hacerse cargo de lo que aquí suceda está en el núcleo de la cuestión.
