"Puede ser más beneficioso. Esperemos que sí", "es un servicio exactamente igual, magia no se puede hacer" o "con quinientos trabajadores no podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo". El portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, sembró grandes dudas sobre hasta que punto la municipalización de la limpieza viaria puede servir para mejorar el servicio que ahora mismo está externalizado con Trace. Lo hizo durante una comparecencia en la que tampoco se mostró consistente a la hora de defender el argumento del abaratamiento de costes, tratando de ceñirse al informe técnico en el que las cuentas no salen tan claras como el Ejecutivo quiere hacer ver. La única ventaja que pudo destacar fue la "mayor flexibilidad" a la hora de hacer encomiendas complementarias a medios propios (Obimace, Brigadas Verdes o Tragsa), que también engordarían la cuenta de gastos.
Comenzó su intervención tras el Consejo de Gobierno de este martes justificando que la memoria sí incluye el gasto corriente, en contra de lo que aparenta el documento elaborado por los funcionarios. "En un modelo de gestión, como en otro, hay 1.8 millones de euros que no son coste de personal y eso incluye el mantenimiento, las reparaciones o el vestuario", aseveró.
Una respuesta que no casa con el informe técnico. En él se recogen 1,5 millones para coste de maquinaria, por lo que aparentemente se estima cubrir con los 304.415,88 restantes el vestuario y los materiales, la inversión en I+D, el control de calidad, los alquileres o el material de oficina. Una cabriola cuanto menos compleja, dado que en los mismos cuadros se computan a la empresa privada 1,5 millones de euros en gastos generales que supuestamente se ahorrará íntegros la nueva empresa municipal, según las cuentas del Gobierno, aunque nadie ha explicado aún cómo es eso posible. Tampoco en la memoria que consagra ese, en este caso sí parece, mágico ahorro.
Ramírez -nunca demasiado convencido- trató de defender el ahorro de 309.000 euros que el análisis de los técnicos ha arrojado. Eso sí, también reconoció que para que el servicio sea óptimo habría que destinar "4,4 millones de euros en una opción y 4,5 en otra" para reforzar el servicio con medios propios.
Ahí reside para el consejero la principal ventaja de la municipalización. "Al no haber un pliego rígido tendremos más flexibilidad a la hora de hacer encomiendas y no acabaremos en los juzgados constantemente como en los últimos diez años", subrayó, poniendo como ejemplo la imposibilidad de reforzar el servicio con medios propios durante la "crisis de mayo", o encargar a las citadas empresas públicas actuaciones en las playas.
La diferencia entre el convenio que tendrá la futura empresa pública de limpieza -según se ha prometido a los sindicatos mantendrá las prebendas del de Trace- y los que rigen en Obimace o las Brigadas Verdes, que posiblemente se encargarán de complementar el servicio, aparece como otro asunto a tratar sobre la marcha. Ramírez indicó que se mirará "caso por caso si las funciones son las mismas, para que los trabajadores tengan las mismas condiciones". Habrá que ver por tanto si los cálculos de gasto pueden mantenerse con esos ajustes.
Tampoco aclaró nada el portavoz sobre la estructura directiva de la nueva compañía, limitándose a apuntar que su coste será "un 2%" del presupuesto total estimado (unos 400.000 euros). Ramírez considera la cuantía "razonable" tomando como referencia a Amgevicesa y añadió que la función de las personas que la integren será dar un "asesoramiento más específico", contando ya el servicio con "su parte administrativa".
Con todo, el Gobierno sigue decidido a seguir adelante con la municipalización. La memoria comparativa de gastos se encuentra en exposición pública durante un mes, para una vez recibidas las alegaciones resolver "en unos ocho días" y llevar al Pleno la votación "en la primera semana de marzo".
A pesar de tener la firme intención de "agilizar" el proceso, las dudas parecen evidentes sobre la mejoría en la limpieza, tanto en eficiencia como en costes: "Esperemos que sí", dijo este martes el encargado de defender la decisión del Ejecutivo local.
