Durante las sesiones de la vista oral del juicio de Emvicesa hubo algunas jornadas que parecieron un viaje en el tiempo al pasado. Por la sala de la Audiencia desfilaron ilustres cargos públicos de otros tiempos, en realidad recientes, pero que parecen muy lejanos. Entre ellos, el que fuera máximo responsables de las políticas de vivienda durante buena parte de los años 2000 y principios de la década siguiente. Francisco Márquez reconoció allí su frustración por su fracaso en esa materia. Años después de su salida, la situación no parece haber cambiado para bien demasiado. Dos interpelaciones al Gobierno este viernes durante la sesión de Control al Gobierno en el Pleno han vuelto a poner en evidencia las lagunas en vivienda de la gestión del Ejecutivo. Por un lado, VOX ha puesto el foco en el impago de alquileres en las viviendas públicas de Loma Colmenar. Algo que destapó ceutaldia.com y que es la fuente que el portavoz de VOX, Juan Sergio Redondo, ha usado para su apremio al Gobierno, aunque en este caso sin citar. Es norma común que cuando VOX usa la informaciones de los medios que no le gustan los tilde a secas de “digitales” y cuando quiere apretar al Gobierno so pretexto de que todos los medios somos unos vendidos los nombra hasta haciendo referencia a los apellidos de sus responsables. La otra interpelación la ha planteado el MDyC para hablar de otro proceso en materia de vivienda que está estancado desde el año 2000, la regularización de las viviendas públicas de Príncipe Felipe, Juan Carlos I y Juan XXIII. Cientos de viviendas que debían contar ya con la titularidad de sus habitantes y siguen perteneciendo a la Ciudad. En ambos casos, Ramírez ha evidenciado el fracaso de las políticas de vivienda de los Gobiernos, aunque en su caso, puede evadir la responsabilidad por lo hecho, o más bien lo no hecho, por sus predecesores en el puesto.
Cabría decir que al fin, poco a poco, las políticas de vivienda se abren hueco en el Pleno. En una ciudad en la que los precios de alquiler se han disparado por la falta de oferta y la elevada demanda, en la que se construye a duras penas en los últimos años por la obsolescencia del PGOU y la agonía del parto del nuevo, que sigue en realidad sin ser operativo, y en la que se estima que hacen falta el doble de las viviendas que existen. En donde proliferan construcciones ilegales en espacios públicos y hasta privados. Una 'okupación' en toda regla que no da titulares porque estas viviendas también pueden comprar alarmas.
El nuevo PGOU y el Plan de Vivienda parecen haber resucitado el interés por hablar de uno de los principales problemas que azota a los ceutíes. Y desde la oposición se insta ahora a preocuparse por el asunto a una Consejería que en materia urbanística ha dado más titulares por las investigaciones a las terrazas de hostelería que por la gestión de vivienda pública.
Impagos
Redondo ha preguntado por la situación de impagos, el propio OASTCE reconocía hace pocas semanas que en Loma Colmenar al final del proceso de apremio, con amenaza de embargos y rescisión de contratos, sólo estaba logrando cobrar la mitad de los alquileres de las 170 y 317 viviendas públicas de alquiler de Loma Colmenar. Redondo ha pinchado ahí al Ejecutivo.
Ramírez le ha reconocido los datos y que “las medidas no son suficientes” para poder cobrar más alquileres y que el “porcentaje es bastante elevado de recibos que no son cobrados ni de manera inmediata ni al final del procedimiento”.
La misma Policía Local que inspecciona bares inspecciona también viviendas para tratar de detectar situaciones fuera de la norma, ha apuntado Ramírez. Lo hace “a demanda” por denuncias o situaciones. Pero las cifras son las que son. A cierre de 2024 sólo el 35 por ciento de los inquilinos pagaban de forma inmediata. El porcentaje sube a algo más del 50 por ciento cuando se les apremia y persigue. La cifra es baja, como reconoce el consejero, pero en 2023 era aún peor y de primeras sólo pagaba el 26 por ciento de los inquilinos. Uno de cada cuatro.
“El Gobierno se enquista sin buscar soluciones”, le ha dicho Redondo a Ramírez para preguntarle si tenían una lista de morosos y qué medidas tienen n cartera para lograr cobrar esos alquileres.
Se subió del 26 al 35 por ciento de pagos inmediatos de las rentas porque se cambiaron cosas en el procedimiento de cobro y se han trabajado medidas para la refinanciación de deuda con el objetivo de forzar a los pagos.
Hay casos puntuales de vulnerabilidad. Lo ha reconocido como escudo Ramírez y lo ha admitido Redondo, pero señalando que habrá que atender esos casos puntuales, pero “tendrían que ser eso, casos puntuales” y no la norma.
Si los inquilinos tienen situaciones de necesidad y no pueden hacer frente de forma puntual por circunstancias a los pagos, que son bastante bajos, 250-300 euros de renta, habrá que atenderlos y darles facilidades, en opinión de Redondo, pero si “desde el primer momento que se le da la llave no abona ni una cuota y eso es por una situación económica previa que no le permite hacer frente a esa cuestión es una agravio a otras personas que sí optaban a esta vivienda y sí podían hacer frente a estos alquileres y no han sido beneficiadas con el acceso a estas viviendas. Considero que eso es una falta de rigor de la gestión que hace la Consejería y una agravio muy grave contra otras personas”, ha remarcado Redondo.
Y entre se ha preguntado y ha señalado si Emvicesa o la Consejería no hace un estudio económico previo que garantice que los adjudicatarios van a poder hacer frente a las rentas.
Y ha vaticinado que si la Ciudad no se pone firme con la situación, al final no pagará nadie. “Se puede entender al usuario de la vivienda que dirá ‘¿yo soy el único tonto que paga aquí?’. El que intenta hacer frente de manera rigurosa a los pagos llega un momento que dice si nadie paga porqué tengo que pagar yo”.
“Estoy de acuerdo con su planteamiento”, le ha replicado Ramírez. El consejero ha explicado que cuando salen las bases muchos presentan documentación y cumplen los requisitos pero luego no pagan. Hay situaciones sobrevenidas y Ramírez ha desvelado que algunos casos -han de ser pocos a la vista de las cifras- aparecen meses después a liquidar la deuda y se ponen al día de motu propio.
“Nos preocupaba, ver el volumen tan bajo de cobros de alquileres. Empezaremos a tomar algún tipo de medida. La primera de ellas fue cambiar el sistema de refinanciación de la deuda. Antes se les daba muchas facilidades y casi de manera indefinida se iba acumulando esa deuda sin que se pudiera hacer frente. Lo hemos cambiado”.
Regularización
La portavoz del MDyC, Nadia Mohamed, ha puesto el dedo en otra yaga de Fomento. La regularización eterna de las viviendas de titularidad pública: todo Príncipe Felipe, casi todo Juan Carlos I y todo Juan XXIII. Se prometió en un acuerdo plenario en el año 2000. En Juan Carlos I incluso algunos inquilinos llegaron a presentar su documentación para hacerse con la titularidad de su vivienda, sin respuesta. “Llevan 24 años paralizadas”, ha señalado Mohamed.
Al MDyC le preocupa la situación, espera que el Ejecutivo proceda a regularizar las promociones para que pasen a ser propiedad de quienes llevan viviendo en ellas décadas. Pero además le preocupa que la Ciudad ofrezca precios de traspaso demasiado elevados a la vista del tiempo elevado que ha transcurrido y de la situación económica de los inquilinos.
Ramírez ha explicado que se está trabajando ya en ese proceso a la vez que se plantea una inversión en licitación de 15 millones de euros para la rehabilitación integral de Príncipe Felipe y Juan XXIII. 274 viviendas hay en la primera.
“Hablamos de un proceso complejo”, ha reconocido Ramírez. Ha de serlo si se alarga 24 años. Emvicesa ha depurado los expedientes y Fomento aprobó un decreto para sentar las bases jurídicas del futuro traspaso de la titularidad. Se han tasado 900 inmuebles el pasado diciembre.
Y ahí habrá distintos caminos a recorrer. De momento con el decreto y a la falta de mantener reuniones con el vecindario, lo más fácil es la venta directa. “Los que quieran hacer frente al pago, se hará de forma inmediata”, ha explicado el consejero. Luego se habilitarán otros dos caminos, alquiler con opción a compra y si no se quiere se establecerá un alquiler mínimo.
En agosto de 2022, ya se aprobó un decreto que reactivó el proceso del año 200 y se establecieron bases jurídicas para la enajenación a favor de los residentes de esos inmuebles públicos. El resultado es que se recibieron 75 solicitudes para esa compra directa. 75 de 900.
Fomento sí se plantea una rebaja importante en lo relativo al precio, ya que considera que de hecho, la cesión e esa titularidad de entrada reportará ahorros a las arcas públicas en materia de mantenimiento y comunidad. Además del beneficio para la ciudadanía y el interés general.
Ese ahorro futuro también ha formado parte de la crítica de MDyC. Mohamed ha afeado al Gobierno que desde el 2000 a hoy se haya producido un periodo de dejación de funciones, en el que los vecinos acudían a la Ciudad y a las empresas municipales ante averías comunitarias y recibían como respuesta en Acemsa y otras áreas de la administración, que la Ciudad ya no tenía nada que hacer ahí porque las viviendas ya no eran suyas. Y eran las comunidades las que tenían que hacer las reparaciones. “Era mentira. Sigue siendo de titularidad de la Ciudad”, ha sentenciado Mohamed.
“Ustedes les han dejado en el abandono y por supuesto que hacen falta esos 15 y 30 millones para rehabilitar. No es de recibo. Está muy bien esos 15 millones de inversión, pero si se hubieran regularizado quizás no hubiera hecho falta hacer esa inversión”, ha reprochado Mohamed.
