Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 idiomas, es el documento más traducido del mundo. Hoy en Ceuta Actualidad hacemos un repaso por los 30 artículos que constituyen el documento para comprobar cuáles se incumplen en la ciudad autónoma.
El artículo 1 refleja que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Un derecho que no se cumple en la ciudad en tanto en cuanto los inmigrantes que llegan hasta aquí lo hacen, precisamente, por no nacer iguales y en las mismas circunstancias, algo que les obliga a huir de sus países.
En el segundo articulado se dice que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. De nuevo los migrantes no ostentan este derecho, así como ocurre con los colectivos más desfavorecidos de la ciudad o aquellos que viven en riesgo de exclusión o de pobreza.
En el artículo 3 se dice que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En cuanto a la libertad, los inmigrantes que viven en el CETI no gozan de este derecho en tanto en cuanto no pueden abandonar la ciudad cuando quisieran a pesar de que el régimen es abierto al contrario de lo que sucede en los CIES en la península.
“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Así se refleja en el artículo 4. En este punto se podrían situar a las mafias encargadas de ayudar a los migrantes a llegar hasta la ciudad a bordo de balsas de juguete, jugándose la vida, sin importarles nada más que el dinero . Una forma de esclavitud en pleno siglo XXI.
En el artículo 5 “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Un derecho que no se cumple en la ciudad. Basta con mirar hacia la frontera para encontrar casos de tratos degradantes. El primer ejemplo son las porteadoras, mujeres que cargan sobre sus espaldas el doble de su peso por un puñado de euros. De hecho, hace unos días Ceuta Actualidad se hizo eco de un informe de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que sostiene que las porteadoras soportan todo tipo de vejaciones por desempeñar un trabajo que apenas les reporta 10 euros de media diarios. El segundo lo encontramos en la valla, y en los subsaharianos que esperan en los montes de Marruecos saltar la valla para encontrar una vida mejor.
Iguales ante la ley
El séptimo derecho de esta carta afirma que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación y en el noveno dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. En este punto las tan polémicas devoluciones en caliente podrían tener cabida.
El artículo 12 expresa que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Una injerencia que en las redes sociales se incumple a diario. Muchos se esconden detrás de un perfil de Facebook para desprestigiar, calumniar, mentir o atacar a la reputación y honra de los protagonistas de las noticias que a diario publica Ceuta Actualidad.
El derecho a circular libremente se refleja en el artículo 13, así como la elección de su residencia en el territorio de un Estado. Los migrantes que esperan cruzar el Estrecho o los menores extranjeros no acompañados se ven privados de este derecho. Aquí entran en conflicto este derecho y la preservación de la integridad de las fronteras que defienden los gobiernos europeos.
Pedir asilo es otro derecho que se refleja en esta carta, concretamente en el número 14. La ciudad cuenta con una oficina en la frontera de El Tarajal desde marzo de 2015. Una instalación con nula actividad. Los activistas de Migreurop explicaban a principios de año que los subsaharianos no pueden acceder físicamente a las dependencias sin el permiso de las autoridades marroquíes, autorización que, obviamente, no se concede. Unas palabras que tuvieron su respuesta de mano del delegado de Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull. “A este Gobierno se le criticaba porque no existía la oficina, ahora porque existe pero no se hace uso de ella y si se hiciese uso, se le criticaría por otra cosa”.
La delgada línea de la libertad de expresión
El cumplimiento del artículo 18, “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”, se ha visto incumplido en la ciudad en multitud de ocasiones. Una de ellas fue la decisión de la vicepresidenta segunda de la Asamblea, la socialista Mayda Daoud, de quitarse el pañuelo que había cubierto su cabello durante años. Una decisión tan personal encendió las iras de unos y de otros.
El artículo 19 podría considerarse uno de los más polémicos ya que los límites de la libertad de opinión y de expresión siempre son difusos. Precisamente en estos días la libertad de expresión está encendiendo las redes sociales sobre la inseguridad en la ciudad con comentarios racistas y xenófobos que han llevado a los partidos políticos a pedir calma y sosiego.
El artículo 20, “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” entra en conflicto con la conocida como Ley Mordaza.
El artículo 23 de esta declaración manifiesta que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. El paro registrado alcanzó el pasado noviembre en Ceuta las 12.768 personas, 85 menos que en octubre, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El dato supone el segundo mes consecutivo de descenso en las estadísticas locales del paro, una evolución condicionada, sin embargo, por los aproximadamente 700 contratos formalizados en octubre al amparo de los planes de empleo. En un segundo apartado este derecho considera que a igual trabajo, igual salario, algo que aún no se cumple en la totalidad de los sectores.
La educación y el derecho a recibirla se explica en el artículo 26. En este punto Digmun entra en escena supliendo el incumplimiento de este derecho con los menores de familias transfronterizas. Esta ONG se encarga de enseñar conocimientos básicos a aquellos niños que no pueden ser escolarizados por la situación en la que se encuentran sus padres y que la Ciudad considera irregular.
