El próximo 17 de junio, la Sección VI de la Audiencia Provincial dará comienzo al juicio oral contra Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno, y Mabel Deu, exvicepresidenta de la Ciudad, acusadas de un presunto delito de prevaricación administrativa continuada relacionado con la expulsión de 55 menores migrantes marroquíes no acompañados en agosto de 2021.
La Fiscalía solicita para ambas 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, además de la pérdida de los honores vinculados a sus antiguos puestos. Por su parte, la Red Española de Inmigración reclama que la inhabilitación se amplíe a 15 años y abarque también la prohibición de desempeñar cualquier empleo público.
El tribunal ha rechazado la comparecencia como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al considerar que este procedimiento no está dirigido contra ellos y que no es pertinente investigar su posible implicación en esta fase.
Según la Fiscalía, Mateos y Deu actuaron al margen de la ley al ordenar la devolución de los menores que habían llegado a Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021, sin llevar a cabo ningún procedimiento administrativo, lo que contravendría tanto el marco jurídico nacional como internacional. La acusación señala que las expulsiones se realizaron ignorando la posible situación de vulnerabilidad de los niños y sin atender a su interés superior, lo que llevó a la Justicia a ordenar la paralización de estas acciones. Posteriormente, las expulsiones fueron reprobadas por la vía Contencioso-Administrativa y ratificadas como ilegales por el Tribunal Supremo.
La defensa de Salvadora Mateos sostiene que no existió dolo ni arbitrariedad en sus decisiones, y que cualquier error en la interpretación de la legislación no puede considerarse prevaricación. Por su parte, la defensa de Mabel Deu argumenta que los hechos se enmarcan en "retornos asistidos", no en "repatriaciones", y que estas acciones estaban amparadas por un acuerdo bilateral firmado en 2007 entre España y Marruecos, además de responder a un mandato del Ministerio del Interior.
El caso, que ha generado gran interés público y mediático, podría sentar un precedente en la interpretación de la responsabilidad administrativa y el manejo de crisis migratorias en España.
