En un manifiesto conjunto, los alcaldes del Partido Popular expresan su firme oposición a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura, a los que acusan de "traicionar el interés general de España" y de "poner en riesgo la convivencia, la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos".
Los populares enfatizan en que "los servicios públicos y la igualdad ante la ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la Presidencia de Sánchez", y denuncian que el Gobierno "ha dejado de priorizar el interés general, anteponiendo las demandas de formaciones separatistas en cada instancia".
Asimismo, ratifican su rechazo absoluto a la Ley de Amnistía, argumentando que "no existe 'terrorismo bueno'" y subrayando la necesidad de investigar y condenar todo acto terrorista. "No podemos permitir que se blanquee la historia de ETA y se ofenda a las víctimas y a sus familias", afirman.
Los alcaldes del PP también exigen al Ejecutivo y al PSOE poner fin al secretismo en las negociaciones con sus socios sobre asuntos cruciales para la economía y el bienestar ciudadano, como los fondos europeos, la reforma laboral, la fiscalidad o las pensiones. "Los españoles tienen derecho a saber qué se está pactando a sus espaldas y qué consecuencias tendrá para su futuro", señalan.
Además, advierten que modificar o derogar el Código Penal de manera selectiva es una forma de corrupción política que socava la confianza en las instituciones y genera un sentimiento de agravio e injusticia. "No podemos tolerar que se indulte a los golpistas del 1-O o que se rebaje la pena a los violadores y asesinos", declaran.
Por último, los alcaldes del PP defienden la separación de poderes y la independencia judicial frente a un Gobierno que, según ellos, cuestiona y señala a jueces por sus decisiones. "El Estado de Derecho no puede estar sometido al capricho de Sánchez y sus aliados", manifiestan.
Los populares solicitan la activación de todos los recursos políticos y jurídicos para evitar que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional se vea condicionada por partidos independentistas, reiterando su compromiso con la Constitución, la unidad de España y la defensa de los intereses de los ciudadanos.
