El pleno de la Asamblea desestimaba el pasado 28 de septiembre una propuesta de Ceuta Ya! para la creación de una comisión encargada de estudiar la reforma del Estatuto de Autonomía. Los localistas explicaban que su propósito era atacar los problemas estructurales de la ciudad a través de la modificación del texto estatutario ante la evidencia de que la vía hacia la conversión en comunidad autónoma continuaba cegada por la oposición de PP y PSOE.
La idea de que la reforma del Estatuto es la alternativa a la imposibilidad de activar la Transitoria Quinta de la Constitución, que permitiría la conversión de Ceuta en comunidad autónoma, no es nueva. En junio de 2020, CCOO y UGT recurrían al mismo argumento. En plena crisis sanitaria por el coronavirus, los sindicatos explicaban que la necesidad de alcanzar un consenso político amplio invitaba a limitar las aspiraciones autonomistas para centrar el objetivo en la reforma del texto estatutario.
Los promotores de propiciar cambios en el estatus legal de la Ciudad consideran que este debate abriría la puerta a cuestiones fundamentales para el futuro de Ceuta: la redefinición de las competencias, la revisión del régimen fiscal especial y la precisión de la naturaleza y alcance del autogobierno ceutí, entre otras.
El debate
El debate sobre la posibilidad de avanzar hacia un estatus que reconozca a Ceuta como comunidad autónoma o, al menos, de impulsar una reforma del actual Estatuto se ha caracterizado en los últimos tiempos por la volubilidad del Partido Popular.
El PP se ha erigido siempre como firme defensor del actual régimen autonómico, y solo cuando los tribunales han desautorizado la competencia del ejecutivo local para nombrar cargos públicos a personas no electas, los populares ceutíes se han atrevido a plantear la conveniencia de promover una reforma legislativa, que no constitucional, para salvaguardar el autogobierno.
Para el PP, el actual estatus de la Ciudad es inatacable: el Estatuto es asimilado a la garantía de la «españolidad» de Ceuta. Aunque la opinión de los populares ha experimentado oscilaciones desde 2020. En marzo de 2021, la extinta Caballas sacó adelante en el pleno de la Asamblea una propuesta, similar a la última presentada por Ceuta Ya!, dirigida a fomentar el consenso entre las fuerzas políticas de cara a propiciar una reforma del Estatuto. PP y PSOE votaron a favor. De las conversaciones que los partidos se comprometieron a impulsar nunca más se supo.
Pero la gran declaración autonomista del PP llegó por boca de su presidente, Juan Vivas, en el discurso conmemorativo del Día de Ceuta de 2022. «Si por cualquier resolución inapelable, se llegara a la conclusión de que no somos lo que creemos que somos, entonces, en ese caso, considero que, de manera consensuada, debería activarse la previsión contenida en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución al objeto de acceder al rango de Comunidad Autónoma», aseguró. Vivas tenía en mente la crisis migratoria que vivió la ciudad en mayo de 2021. Pero no solo eso. Su inesperada defensa de la vía hacia la comunidad autónoma estaba también animada por los reiterados pronunciamientos de la Justicia que cuestionan el alcance del autogobierno de la Ciudad.
El autogobierno
Ejemplos no faltan. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallaba en 2019 contra el recurso de casación interpuesto por la Ciudad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarara en apelación «nulo» el nombramiento de Adelaida Álvarez como viceconsejera de Empleo del Gobierno local. «No parece coherente que mientras en ningún municipio de España puedan ejercer el Gobierno local personas distintas de los propios vecinos y de quienes hayan sido elegidos por ellos, en Ceuta y Melilla sí pueda estar en manos de personas que no han sido elegidas democráticamente», se argumentaba en el fallo.
Ya anteriormente, una resolución del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta dictada en 2015 se amparaba en una sentencia del Tribunal Supremo del 23 de diciembre de 2004 para afirmar que la aprobación de un estatuto de autonomía promulgado por ley orgánica no basta para concluir la existencia de un ente territorial autonómico. La resolución definía a Ceuta y Melilla como entes municipales dotados de «un régimen de autonomía local singular reforzado». La condición de municipio vendría de hecho explicitada en las referencias contenidas en el propio Estatuto: en su alusión al «territorio municipal de Ceuta», cuando se refiere a la condición de concejales de los miembros de la Asamblea o cuando atribuye la condición de alcalde al presidente de la Ciudad. Un concepto de autogobierno que a los populares resulta insuficiente.
Pese al último alarde autonomista de Vivas, el PP volvió a votar el pasado 28 de septiembre en contra del proceso de reforma del Estatuto planteado por Ceuta Ya! «El actual Estatuto de Autonomía tiene muchas posibilidades de desarrollo y ensanchamiento de las fronteras que nos ocupan –sostuvo en el pleno de la Asamblea la popular Kissy Chandiramani- Si hablamos con los cuerpos jurídicos de la Ciudad nos ponen de manifiesto que no es necesario llegar a la modificación para seguir desarrollando el actual estatuto».
No hay pues, al menos en el horizonte más inmediato, ningún interés de las principales fuerzas políticas por emprender el camino que conduce a la conversión de Ceuta en comunidad autónoma. Ni siquiera una disposición a avanzar en la reforma del Estatuto.
