Representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas donde gobierna el PP se han reunido este fin de semana en Córdoba para firmar un documento con el que pretenden que España avance y que va contra las políticas del PSOE.
La denominada "Declaración de Córdoba" incluye 21 acuerdos con los que pretenden recuperar "la igualdad que el Gobierno está socavando"
1. Acordamos las siguientes líneas de colaboración con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de una España mejor y más cohesionada.
Gobernar es decidir y nosotros hemos tomado la resolución de impulsar y profundizar en un modelo autonómico que, respetando la pluralidad y el autogobierno de cada territorio, colabora decididamente para garantizar la igualdad y la cohesión.
2. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas del PP aplicarán en esta legislatura la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.
Dicha actuación será progresiva, adaptándose en cada territorio a los modelos que tengan implantados, pudiendo establecer también ayudas directas a las familias que opten por no escolarizar a sus hijos en esa franja de edad. El partido a nivel nacional se compromete a financiar el 50 por ciento en cuanto vuelva a asumir las responsabilidades del Gobierno de España, convencido de que esta es una etapa clave para la conciliación y la corresponsabilidad y con gran impacto en la formación educativa de los menores y en la reducción de las desigualdades.
3. Avanzaremos en currículos comunes, claros y científicos, que elaboraremos con la participación activa de las Reales Academias y otras entidades especializadas.
Consideramos necesario fortalecer la calidad de nuestro sistema educativo mediante un mecanismo para desarrollar currículos comunes en las enseñanzas obligatorias, dentro del ámbito competencial de cada comunidad, valorando los avances ya realizados y sin perjuicio de las particularidades propias de cada territorio. Para ello, nos apoyaremos en las Reales Academias y otras entidades especializadas para asegurar la ausencia de sesgos ideológicos que en nada contribuyen al espíritu crítico que debemos fomentar entre los más jóvenes.
4. Nos proponemos que la EBAU 2025 se celebre con criterios homogéneos.
Con el mismo fin de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio, seguimos dando pasos adelante para implantar una Evaluación de Bachillerato común ya que, si la oferta universitaria del país es general, el acceso a la misma también debe de serlo. Sin obviar evidentemente las peculiaridades que algunas comunidades puedan tener, el objetivo es que la EBAU 2025 se celebre con criterios homogéneos tanto en aspectos formales (calendario, fechas de publicación de las notas, duración de los exámenes, criterios de corrección) como en relación con la exigencia en los contenidos comunes y obligatorios, respetando en todo caso la autonomía universitaria. Asimismo, solicitamos al Gobierno central la total paralización de la reforma prevista para la EBAU en tanto no se logre el consenso mayoritario y le invitamos a sumarse al trabajo ya iniciado por la mayoría de las autonomías.
5. Completar en el curso actual la regulación para limitar el uso del móvil y otros dispositivos en el ámbito escolar.
La preocupación familiar y la alarma social por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes justifica este objetivo, por lo que las comunidades gobernadas por el PP que aún no tienen esta regulación vigente aprobaremos la nueva normativa a la mayor brevedad posible, de modo prioritario en la etapa de Educación Primaria y en aquellas actividades que estén englobadas dentro de la totalidad del horario escolar.
6. Estableceremos un marco común en lo relativo al calendario de vacunas.
Esta medida, que queremos hacer extensiva al calendario vacunal tanto en niños como en adultos, permitirá a los españoles tener un sistema mínimo homogéneo, que les aporte tranquilidad y seguridad con independencia de su lugar de residencia permanente o temporal en uno u otro territorio. Se llevará a cabo partiendo del intercambio de información sobre los programas existentes y de la investigación e innovación en el marco autonómico, así como de las propuestas de calendarios y dosis que desarrolla cada comunidad.
7. Fijaremos un marco común de pruebas de prevención del cáncer.
Es otro de los aspectos en los que queremos reforzar la colaboración, para que la detección de una patología no dependa de la comunidad en la que uno resida. Las autoridades sanitarias trabajarán en los próximos meses para compartir las buenas prácticas en los cribados donde dicho procedimiento ha acreditado resultados contrastados en cuanto a la disminución de mortalidad y/o de incidencia, como son el cáncer de mama, el colorrectal y el de cérvix.
8. Mejoraremos la protección de los recién nacidos impulsando progresivamente un programa de prevención homogéneo.
Para mejorar la detección temprana de posibles enfermedades o trastornos durante el desarrollo de los bebés, pondremos en común las experiencias más exitosas en el programa del cribado neonatal. Asimismo, nos comprometemos a establecer los recursos adicionales que puedan ser necesarios para avanzar en una propuesta homogénea de patologías evaluadas o intensidad de las pruebas diagnósticas.
9. Trabajaremos un Plan de Juventud común, enfocado a responder a los grandes retos que tienen por delante.
Nos proponemos abordar de forma conjunta los problemas reales que los jóvenes tienen actualmente, desde la formación hasta la emancipación, salud mental o crisis de valores. Para ello, compartiremos las distintas políticas que tenemos en marcha para poder reforzar en cada comunidad los apoyos que recibe este colectivo. Además de seguir profundizando en los incentivos a la contratación y a la vivienda que les permitan desarrollar en libertad su proyecto de vida, creemos imprescindible reflexionar para que las generaciones que han sufrido estos periodos de crisis tengan todas las herramientas y oportunidades a su alcance.
Abordaremos el reto digital de una manera integral, apostando por la educación y la prevención e incluyendo tanto a las familias como a los profesionales, con programas específicos para las nuevas adicciones relacionadas con las pantallas, los dispositivos y las redes sociales.
Ante el alarmante incremento de los datos de suicidio, y mientras el Gobierno central no desarrolle una Estrategia Nacional contra el Suicidio, se hace necesario implementar políticas públicas en el plano autonómico para concienciar a la juventud en el cuidado de la salud mental, tratando temas como el sentimiento de soledad, la ansiedad, las autolesiones o diferentes trastornos que pueden padecer.
En definitiva, proponemos un pacto por la juventud española, para que sea libre y acceda a una amplía oferta de oportunidades. Que no deje de estudiar por motivos económicos, que tome las riendas de su vida, de su emancipación, que disponga de la libre decisión de formar una familia, de acceder a un empleo y a una vivienda digna, y de dirigir proyectos culturales, científicos y empresariales. Una juventud que afronte nuevos retos (demografía, inteligencia artificial, etc) y posibles riesgos (soledad, salud mental, abandono escolar temprano, adicciones,…) con especial protección a la infancia.
10. Aplicaremos una política de unidad de mercado que facilite la labor emprendedora.
La sana competencia entre las comunidades no excluye la posibilidad de llevar a cabo medidas que faciliten la labor emprendedora y, por tanto, la generación de riqueza. En este sentido, nos proponemos aplicar una política de unidad de mercado que, respetando las sentencias del Tribunal Constitucional, establezca unos mismos estándares que garanticen la libertad de establecimiento, circulación y reconocimiento mutuo. Crearemos una mesa conjunta para armonizar al máximo posible los procedimientos administrativos.
11. Aprobaremos una norma de simplificación administrativa al menos una vez al año.
Compartimos el objetivo de seguir avanzando en la simplificación administrativa, especialmente en lo que se refiere a las licencias, regulaciones y controles previos, por lo que impulsaremos una norma de simplificación al menos una vez al año. Velaremos por la creación de un entorno jurídico previsible y estable, que facilite el espíritu de los emprendedores y reconozca el esfuerzo de la empresa como requisito imprescindible para la generación de puestos de trabajo. Todas las comunidades gobernadas por el PP contarán con una unidad aceleradora para gestionar las principales inversiones de interés y crearemos una Mesa de Simplificación para poner en común las mejores prácticas en este ámbito.
12. Coordinaremos las políticas de ayuda a los autónomos.
Compartimos la prioridad de reforzar el apoyo a los autónomos, uno de los sectores más dinámicos y, al mismo tiempo, más vulnerables del tejido económico. Así, abriremos un canal de comunicación entre nuestros gobiernos para alcanzar unos mínimos de ayuda comunes a todos, como en lo relativo a la implantación de la cuota 0 en el primer año de actividad o el que establezcan las comunidades, tarifa reducida para los jóvenes emprendedores o la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en lo referente a las actividades empresariales. También dispondrán de vías rápidas para agilizar su relación con las administraciones y ayudas fiscales.
13. Renovamos nuestra voluntad de mantener una política de bajada de impuestos para ciudadanos y empresas.
Hemos demostrado que este modelo permite una mayor riqueza ciudadana y además repercute como mejor fuente de ingresos para la gestión de los servicios públicos que el exceso de presión fiscal a las personas con salarios medios y bajos. Promoveremos la implantación de casos de éxito y por encima de todo defenderemos la autonomía fiscal de cada comunidad.
En este sentido, nos comprometemos a alcanzar unos estándares más altos de bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones y manifestamos nuestra frontal oposición a las amenazas del Gobierno central de imponer una norma que suponga un retroceso en la reducción de los mismos.
14. Denunciamos la inexistencia de políticas de Estado en las cuestiones clave que siguen pendientes.
España lleva años anclada en políticas que piensan en sus gobernantes y no en sus gobernados, sin atender las cuestiones de Estado que debemos afrontar como país. Consideramos inadmisible la frivolidad con la que se están tomando decisiones en asuntos que son comunes y, por tanto, deben ser abordados entre todos.
Exigimos el cumplimiento de reunir la Conferencia de Presidentes, como hemos solicitado desde noviembre, sin que el presidente del Gobierno esté cumpliendo la norma que le obliga a atender esta petición. Nos negamos a decidir sobre lo común de espaldas al proyecto colectivo. En esta declaración se defiende afrontar de forma prioritaria las cuestiones de Estado que se exponen a continuación.
15. Plan de choque para ampliar los médicos en la Atención Primaria.
La Atención Primaria es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud y, sin embargo, es el punto más vulnerable y con más carencias actualmente. Como administración competente para ello, solicitamos que el Gobierno central aborde de forma efectiva el núcleo del problema: la falta de médicos especialistas en medicina familiar.
De forma inmediata y con anterioridad a una planificación a medio plazo también necesaria, planteamos poner en marcha la especialidad en Urgencias, reformar la actual normativa de acreditación de unidades docentes y flexibilizar el proceso de configuración de las ofertas anuales de plazas formativas con el objetivo de incorporar un mínimo de 1.000 plazas formativas más de medicina familiar y comunitaria a la oferta del presente año 2024.
También demandamos modificar el sistema de elección de plazas y la exigencia de puntuación mínima para evitar que se repitan situaciones como los más de 1.900 médicos que resultaron excluidos el último año.
16. Garantías de futuro para nuestros agricultores, ganaderos y marineros.
El Partido Popular es el partido del sector primario, que supone casi el 10% del PIB de nuestro país y genera más de dos millones de empleos. Además de reiterar la solicitud de reducir el IVA de la carne, el pescado y las conservas, consideramos que el Gobierno central ha renunciado a defender en Europa a nuestros agricultores, injustamente debilitados por la inflexibilidad de algunas exigencias comunitarias.
Defendemos la aprobación de una Ley de apoyo al sistema agroalimentario como sector estratégico y un diseño de la PAC que deje de restarle recursos. También consideramos necesario reforzar su competitividad con la aplicación de cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países, asegurar el relevo generacional clave en el sector, y abordar el problema de los seguros agrarios que dificultan la cobertura del sector. Por último, ratificamos nuestro compromiso de contar con la voz del campo y la pesca españolas, a través de la interlocución permanente con las organizaciones agrarias y pesqueras que les representan, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad ambiental y económica del sector.
17. Pacto Nacional del Agua.
Defendemos el agua como recurso natural imprescindible y denunciamos que se haya abandonado por completo el enfoque estratégico y prioritario de esta política. Lamentamos la indolencia del Gobierno central ante este evidente problema, sobre todo en las comunidades en las que no son descartables situaciones críticas.
Exigimos que ponga sobre la mesa un Plan Nacional del Agua que fortalezca a nuestro país ante los efectos crecientes del cambio climático, ya preocupantes en los lugares más afectados por la sequía y las restricciones derivadas de ella. Como punto de partida, resulta urgente que el Gobierno central cree la Autoridad Nacional del Agua, incremente la inversión en infraestructuras hídricas en 40.000 millones de euros y asegure su completa ejecución para aumentar la capacidad de almacenamiento y distribución, así como la aplicación y financiación de todas las posibilidades que la tecnología permite para optimizar el uso de agua.
Este paso previo es imprescindible para disponer de una radiografía de las demandas del conjunto del país y de las necesidades para garantizar el acceso de todos los españoles a este bien básico para los ciudadanos.
18. Financiación autonómica justa y sin privilegios.
Todos los gobiernos autonómicos asumen la prestación de servicios esenciales, como la Sanidad, la Educación o la Política Social, por lo que el reparto justo de esos recursos no puede ser objeto de mercadeo partidista o electoral.
En el PP defendemos un modelo basado en los principios de solidaridad, suficiencia, transparencia y corresponsabilidad fiscal con el objetivo de garantizar a la vez la autonomía fiscal de las comunidades y la igualdad de oportunidades de los españoles en el acceso a los servicios públicos.
Cualquier acuerdo debe alcanzarse tras una propuesta concreta del Gobierno central y un debate adecuado en los foros multilaterales, no como contrapartida particular a ninguna otra negociación bilateral y opaca. Reconociendo las particularidades objetivas que tiene cada comunidad, nos negamos a decidir sobre lo común de espaldas al proyecto colectivo.
19. Una cogobernanza efectiva de los Fondos Next Generation.
Lamentamos la excesiva centralización de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el total oscurantismo y la falta de diálogo con las comunidades. No hubo planificación consensuada ni se han tenido en cuenta las particularidades de cada territorio.
Por eso, solicitaremos una mayor descentralización de fondos europeos, no solo de su ejecución sino también de su enfoque, así como el diseño de PERTES territorializados para inversiones que sean realmente demandadas por el tejido productivo y tengan un verdadero carácter transformador de la economía de cada comunidad.
20. Coordinación real tanto en España como en la Unión Europea y financiación suficiente de la política de inmigración.
El incremento histórico que se está produciendo en los flujos migratorios exige una actuación más decidida del Gobierno central y una elevación adecuada a las instituciones comunitarias, ya que es un desafío que afecta a todo el continente.
Desde nuestra unánime solidaridad con las comunidades que más acusan este problema, como las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, reclamamos la urgencia de que el Gobierno refuerce el control fronterizo contra la inmigración ilegal, dote de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y garantice la coordinación necesaria con las autonomías, prácticamente inexistente en la actualidad.
Exigimos que se acompañe cada decisión a este respecto con la financiación necesaria y el diálogo colectivo que permita prestar una atención digna a los migrantes que mantengan su residencia en España, especialmente en lo referido a los menores.
Denunciamos que también en este asunto el Gobierno central camina en la dirección equivocada: en lugar de tener una única voz en Europa para atajar este problema global, ha abierto el camino a trocear las competencias migratorias en un país que es una frontera de la UE.
21. Nos comprometemos a repetir encuentros como éste al menos dos veces al año para seguir reforzando la colaboración por el bien de los españoles.
Estamos convencidos de que el diálogo, la colaboración y la puesta en común de buenas prácticas es útil para cada comunidad, así como para el proyecto común. Es firme nuestra voluntad de seguir colaborando entre nosotros, así como con cualquier otro territorio que quiera sumarse a todos o alguno de los acuerdos alcanzados.
La España de las autonomías que representamos y en la que creemos profundamente no excluye a nadie, sino que quiere avanzar con todos, al margen de partidismos o intereses particulares. El Partido Popular no levanta muros, sino que abre puertas para mejorar la calidad de vida de la gente y el rumbo de nuestro país.
