“Protocolo, protocolo, protocolo”. El portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, ha reiterado esta tarde la necesidad de que el Ministerio del Interior elabore un protocolo preciso y por escrito que oriente a los agentes destinados en las vallas de Ceuta y Melilla en la aplicación de la reforma legal que permite la expulsión inmediata de inmigrantes. Un informe redactado por un grupo de juristas de reconocido prestigio advierte de la ilegalidad de la práctica de las “devoluciones en caliente”. El documento, divulgado hoy por la Cadena Ser y el diario El Mundo, asegura que los guardias civiles no podrían aducir la obediencia debida a sus superiores para evitar la asunción de las responsabilidades penales que pudieran serles exigidas.
El representante de la entidad, que aglutina a 30.000 afiliados y que ostenta el 90 por ciento de la representación en Ceuta, subraya que no existe ninguna posibilidad de que un guardia civil pueda negarse a cumplir una orden sin sufrir un severo castigo. Delgado recuerda que los agentes están sometidos a la jurisdicción penal militar, que contempla cualquier objeción a la orden de un superior como un acto de indisciplina. “Hay compañeros que están en la cola para entrar en prisión por discutir con un superior –explica el portavoz de la AUGC- Así, si en la valla te aplican la normativa de las fuerzas armadas, te conviertes prácticamente en un centinela”.
Indefinición
El portavoz de la asociación ha confesado la perplejidad en la que se hallan sumidos los agentes destinados a las vallas fronterizas ante la inseguridad jurídica en la que, asegura el portavoz de la AUGC, han de desempeñar su trabajo. “El ministro dice que las devoluciones son legales y, frente a esto, un grupo de prestigiosos juristas dicen que no lo son –argumenta Delgado- ¿Y qué dicen los guardias? Pues que nosotros no estamos para interpretar la ley, sino para aplicarla”.
Delgado se queja de que la situación de indefinición de las tareas que han de desarrollar los agentes a pie de valla no ha cambiado con la nueva reforma legal. Como prueba de ello ha esgrimido la situación por la que atraviesan varios de sus compañeros destinados en las vallas fronterizas de las dos ciudades autonómicas. “Curiosamente, en los dos lugares donde se trabaja en las vallas hay agentes imputados, lo cual significará que algo no se ha hecho bien”, se lamenta.
