El pasado 17 de mayo, hace medio año, arrancaron las 48 horas más angustiosas que haya vivido Ceuta en su historia reciente. Aquel día, la frontera con Marruecos comenzó a ser ninguneada por miles de marroquíes que, alentados por las autoridades de su país, entraban en tropel a la ciudad. Unas 12.000 personas, en base a estimaciones, cruzaron sin oposición a las playas de Benzú y El Tarajal. El volumen del flujo humano que avanzó desde el país vecino da cuenta de la dimensión de la crisis, aunque la estadística sigue sin ser precisa. Se calculó que unas 9.000 personas habían regresado al país vecino a lo largo de las siguientes jornadas. Seis meses después, el Ministerio del Interior continúa sin ofrecer datos oficiales sobre el número de personas que accedieron a la ciudad durante aquellos dos días críticos. Mientras, los conteos oficiales se descuadran a lo largo de este lapso temporal. En cifras oficiales, Ceuta acoge a 17 de noviembre a 960 marroquíes- 535 adultos y 425 menores-.
Si bien 3.600 personas regresaron a voluntariamente a Marruecos después de mayo, 300 fueron devueltas en virtud de una orden de expulsión, unas 2.000 han podido cruzar el Estrecho y desplazarse al continente europeo como peticionarios de protección internacional con sus solicitudes admitidas a trámite – mientras se tramitan 500 documentos más-, 55 menores fueron expulsados en agosto antes de que la Justicia paralizase el proceso por vulnerar la legislación, y otros 60 han conseguido ser reagrupados. Los números no salen. En julio ofrecía la Delegada del Gobierno el primer dato oficial: 2.500 personas permanecían en Ceuta, de ellos casi la mitad eran menores. A finales de agosto, el Gobierno central lo estimaba en 1.131, y tres meses más tarde es de 425, es decir, unos 700 menos. Pero lejos de ofrecer una explicación detallada, los argumentos se adentran por el terreno de lo especulativo: “Algunos se han reagrupado, muchos de ellos han cumplido la mayoría de edad y, otros, volvieron a su país”, señalaba hace unos días la vicepresidenta del Gobierno, Mabel Deu.
Y, entre todo ello, Ceuta intenta hacer gala de resiliencia y sobreponerse a tres crisis que la han devorado social y económicamente. Pero, como ha repetido en más de una ocasión el presidente del Ejecutivo local, el objetivo “ha sido hacer de la necesidad una oportunidad”. Por primera vez el Parlamento Europeo reconocía de forma contundente la Frontera Sur como un límite de la UE y no solo de España. Fue en aquella declaración del 10 de junio en la que condenó a Marruecos por el “chantaje” a través del uso de personas como arietes para presionar políticamente. A su vez abrió diferentes frentes que, hasta el momento, no habían trascendido al debate público. Formar parte del espacio Schengen y de la Unión aduanera son temas latentes objeto de estudio a día de hoy. Así se puso de manifiesto la semana pasada en el foro ‘Más Ceuta, Más Europa’, el último celebrado en la ciudad,- de entre todos los que ha impulsado el Gobierno en los últimos meses- al objeto de visibilizar Ceuta en el exterior y cambiar su imagen al otro lado del Estrecho. Las conclusiones se elevarán a las instituciones europeas para que se sometan a estudio.
Así, entre las propuestas que surgieron, se planteó la posibilidad de que Ceuta contase con una oficina de representación en Bruselas para defender sus reivindicaciones ante la UE. De momento, queda en un desafío y un “reto”, como reconoció Deu a los medios, que brindaría a Ceuta la posibilidad de acelerar su reconocimiento ante las instituciones europeas con un estatus singular y equiparable al de las regiones ultraperiféricas.
Otro frente abierto, también pendiente, se proyecta en el desarrollo del Plan Estratégico que anuncio el Gobierno central para combatir la “asfixia económica” en las ciudades autónomas. No obstante, la idea engloba un planteamiento transversal, eso sí, con la economía como eje y que pretende deshacerse del yugo que históricamente ha supuesto Marruecos para Ceuta. Y es que, con una economía local en la UCI que ansía la apertura de una frontera que no tiene fecha en el horizonte, parece ser que la situación sanitaria sigue llevando la batuta para retirar el candado. No obstante, cabe preguntarse en qué punto se encuentran las relaciones bilaterales entre ambos estados, que vivieron su punto álgido aquellos días de mayo. La distensión que se hizo llegar en los meses posteriores, tras la destitución de la entonces titular de Exteriores Arancha González Laya, por José Manuel Albares, todavía no se ha traducido en un encuentro oficial. Mientras, muchos son los que señalan a las instituciones alauitas como las que llevan la voz cantante en todo este asunto, y de que ellas dependerá que Ceuta y Marruecos retomen sus conexiones.
Devoluciones de menores
La senda de estos seis meses también deja otro procedimiento abierto: el de las repatriaciones de los menores y al que todavía le queda, como mínimo, casi otro medio año, tal y como calcularon las administraciones implicadas el pasado septiembre. Fue entonces cuando se inició el proceso siguiendo las líneas marcadas por el reglamento de la Ley de Extranjería, después de que en agosto la justicia paralizase las devoluciones exprés que ordenó el Ministerio de Marlaska.
Esta tramitación se tercia más lenta y tediosa. Hasta el momento, el Área de Menores ha remitido 150 informes individualizados de los menores acogidos, de los 500 solicitados por Delegación del Gobierno. Se trata del primer paso de esta primera fase preliminar que concluirá cuando la institución que lidera Salvadora Mateos solicite a Marruecos, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, un informe individual sobre “las circunstancias familiares” de cada niño en su país de origen. Formalidad que se encuentra en pausa hasta contar con el grueso de la documentación que debe enviar la Ciudad.
Para proceder con el inicio de la siguiente y última fase que marca la legislación, sendos documentos (el del Área de Menores y el remitido por las instituciones marroquíes) deben estimar que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación familiar o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”. Será entonces cuando tengan que ser oídos el menor, el Área de Menores de la Ciudad, y la Fiscalía de Menores. Tan solo una resolución positiva de las tres partes motivará incoar el procedimiento de repatriación propiamente dicho.
