Inmigración

El Gobierno planea la externalización de algunos servicios de atención a menores extranjeros

Un policía nacional conversa con un grupo de menores marroquíes (CEDIDA)
photo_camera Un policía nacional conversa con un grupo de menores marroquíes (CEDIDA)

La vicepresidenta primera, Mabel Deu, ha avanzado esta intención durante la sesión de control al Gobierno, aunque no ha llegado a detallar qué servicios serían los afectados. 

Tras la polémica suscitada en torno a la privatización del centro de menores La Esperanza, finalmente descartada por el Gobierno municipal, la consejera de Presidencia y vicepresidenta primera, Mabel Deu, ha avanzado este jueves ante la Asamblea la intención de la Ciudad de externalizar algunos de los servicios de atención a niños y adolescentes extranjeros. Deu, que no ha precisado cuáles serían los servicios objeto de la privatización, ha incluido esta iniciativa en el diseño de la política de menores que el Gobierno local pretende poner en marcha.

La consejera ha sumado a la externalización de estos servicios la construcción del nuevo centro de acogida de menores que se levantará sobre los terrenos de la vieja prisión de Los Rosales y la privatización de algunos perfiles profesionales para el centro de reforma Punta Blanca.

La consejera ha explicado que el Gobierno trabaja ahora en la descongestión del centro de acogida La Esperanza para dar cabida con carácter temporal a los menores que siguen hospedados en el pabellón Santa Amelia.

Junto a ello, Deu ha justificado ante los diputados la adquisición de cinco naves de El Tarajal por cinco millones de euros para servir de centro temporal de acogida para los migrantes marroquíes que entraron irregularmente en la ciudad el pasado mayo. La consejera se ha remitido a la crisis migratoria y a las necesidades derivadas de la pandemia para avalar la autorización de esta adquisición.

Estas consideraciones forman parte de la respuesta que Deu ha ofrecido a una pregunta del portavoz de Vox en la Asamblea, Carlos Verdejo. El diputado había cuestionado la compra y el precio pagado, ha acusado al Gobierno de un intento por evitar las explicaciones y ha visto tras la operación una “socialización de pérdidas encubierta”.

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