Inmigración

trabajo de campo de migreurop

Un informe elaborado por oenegés presenta a Ceuta y Melilla como "limbos jurídicos" y escenarios de "impunidad"

salida ceti 15-6-2016 (54)
photo_camera Un grupo de migrantes, en la sala de espera de la estación marítima antes de partir hacia la Península/ ANTONIO SEMPERE

Los activistas critican que no existan leyes que regulen explícitamente las condiciones en las que han de producirse los traslados desde los cetis a la Península y presentan las dos ciudades norteafricanas como el lugar donde se selecciona entre "los malos migrantes y los buenos refugiados".

Ceuta como una cárcel. Ésta es la metáfora a la que ha recurrido la representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APDHA) encargada de presentar este lunes en la ciudad el informe “Ceuta y Melilla: Centros de selección a cielo abierto a las puertas de África”. El documento es el resultado de un trabajo de campo desarrollado por la red de oenegés Migreurop, donde se describe las consecuencias humanas de la política migratoria española y europea.  

Débora Maire, portavoz de APDH, ha descrito a las dos ciudades norteafricanas como el escenario de un “limbo jurídico” en el que quedan atrapados los migrantes en su camino hacia Europa. Tal y como revela el informe, los recintos de los centros de estancia temporal de migrantes se convierten en un lugar de espera para el cumplimiento de un trámite que carece de cualquier regulación legal. Ninguna norma contempla los requisitos o circunstancias en los que ha de formalizarse el traslado de los migrantes desde los cetis a la Península, lo que genera entre los residentes una incertidumbre que redunda en afecciones psicológicas y desesperanza.

“Los enclaves de Ceuta y Melilla acaban convertidos en los lugares donde se selecciona a las personas que tienen derecho a acceder a Europa entre los malos migrantes y los buenos refugiados”, ha criticado Maire.

 

Asilo y devoluciones en caliente

Los activistas promotores del informe subrayan la inutilidad de la oficina de asilo que el Gobierno de España abrió en la frontera de El Tarajal, un punto habilitado para la solicitud de protección internacional que todavía no ha recibido ni una sola petición. Las asociaciones de derechos humanos sostienen que estas infraestructuras sólo pretenden justificar las políticas migratorias de los países europeos. Según Maire, el argumento de las autoridades españolas es que quienes saltan la valla fronteriza lo hacen porque no quieren recurrir a los procedimientos legalmente establecidos para acceder al asilo. “Cuando lo cierto es que para un subsahariano es imposible llegar a esa oficina de asilo”, subraya la portavoz de APDH.

Además, según constatan las asociaciones, quien finalmente solicita asilo en la ciudad ha de aguardar años en el Ceti a la resolución del expediente, lo que ejerce un efecto disuasorio en los migrantes.

La denuncia de las oenegés vuelve a incidir en la práctica de las devoluciones en caliente –denominada rechazo en frontera por el Ministerio del Interior- y a la vulneración de las legislaciones nacional e internacional que representan. Los activistas relacionan estas conductas con la impunidad de la que, a su juicio, goza la Guardia Civil en su labor en las fronteras.

Las estimaciones aportadas en el transcurso del acto de presentación por la activista de la asociación Elin, Paula Domingo, sitúan en 22.000 euros el coste diario que el mantenimiento de las fronteras de Ceuta y Melilla representa para las arcas públicas. Domingo ha constatado la notable reducción experimentada en el número de migrantes que han llegado a la ciudad en lo que va de año, apenas 800 frente a los dos millares de 2015.