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El PP, frente a las devoluciones en caliente

Migrantes encaramados a la valla en intento de salto registrado en septiembre del pasado año/ A.S.
photo_camera Migrantes encaramados a la valla en intento de salto registrado en septiembre del pasado año/ A.S.

Los populares, alarmados ante la posibilidad de que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana salga adelante en el Congreso. 

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. El amparo legal que estas líneas procuran a la práctica de la devolución en caliente está amenazado. La aprobación por el Congreso de la tramitación de una proposición de ley presentada por el PSOE supondría, de salir adelante al final del procedimiento parlamentario, la derogación de facto de la Ley de Seguridad Ciudadana y, con ella, de la disposición que modifica la Ley de Extranjería. Dicha disposición –parcialmente transcrita más arriba- crea un régimen especial en las dos ciudades autónomas que ha sido criticado por formaciones políticas y asociaciones humanitarias.

El Gobierno del Partido Popular ha recibido impertérrito estas censuras. Ahora, ante la posibilidad, aunque aún incierta, de que lo que el Gobierno define como “rechazos en frontera” pueda ser orillado por ilegal, los populares han elevado la voz. El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, ya ha advertido de que sin la norma será “más complicado” gestionar el control del perímetro fronterizo. El PP ceutí también se ha sumado a estas advertencias con un comunicado en el que presentaba una hipotética futura derogación de la ley como “error de consecuencias impredecibles para la ciudad”.

Sin embargo, entidades como Amnistía Internacional mantienen que la supresión de las devoluciones en caliente, que considera un eufemismo acuñado para hacer referencia a expulsiones ilegales, vendría a acabar con un escenario que no ha dudado en definir como “un limbo donde no existen los derechos”. En un reciente informe, la organización humanitaria aseguraba haber documentado la devolución a territorio marroquí de migrantes heridos por los malos tratos y torturas sufridos a manos de los gendarmes marroquíes.

La rigurosidad de la práctica avalada por la Ley de Extranjería no ha impedido, sin embargo, que las entradas irregulares en la ciudad se hayan mantenido constantes desde 2015, año de la entrada en vigor de la ley. El número de salidas hacia la Península desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes a lo largo de 2016 da idea de la magnitud que actualmente alcanzan los flujos migratorios a través de la ciudad. Según datos del Gobierno, 1.766 migrantes residentes abandonaron el centro durante el pasado año.

La pelea no parece que vaya a ser pacífica. De ello da idea la defensa a ultranza que la senadora melillense Sofía Acedo desplegó hace ahora un año en la Cámara Alta. “Se ha puesto fin a una inmigración ilegal, desbordada que arrasaba las dos vallas fronterizas, que buscaba fórmulas brutales de entrada como el uso de coches kamikaze”, aseguró para justificar el voto contrario de su grupo a una moción de Podemos por la que se solicitaba la suspensión de las devoluciones en caliente.

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