El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió hace unos meses a acabar con las devoluciones en caliente. Ahora, según publica el diario El País, los socialistas se lo están pensando.
El Grupo Socialista ha presentado en la comisión del Congreso que estudia la reforma de la ley mordaza una enmienda para mantener por ahora las devoluciones en caliente de inmigrantes, que el PP legalizó con la polémica norma. El PSOE alega que esta “modificación requiere una reflexión” que, además, no debe plantearse en la reforma de esta ley, sino en una próxima del régimen de extranjería. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el defensor de esta postura que contradice lo que Pedro Sánchez mantuvo en la oposición.
En su enmienda, el PSOE alega que la eliminación de estas devoluciones afecta a otra ley, la de extranjería, cuya revisión anuncia para un futuro próximo. El texto de los socialistas insiste en que la legalización de estas entregas exprés sin garantías nunca debió incluirse en la ley mordazay propone al resto de partidos hacer “una reflexión” sobre un artículo que, reconoce, fue de los “más polémicos”. La enmienda añade una nota pie de página en la que plantea al resto de partidos la conveniencia de “revisar especialmente” los argumentos que plantea el partido del Gobierno.
La postura de mantener por ahora las devoluciones en caliente es la que ha defendido el ministro Grande-Marlaska desde que tomó posesión del cargo, el pasado verano, y que provocó en octubre discrepancias con su grupo en el Congreso, según confirmaron entonces fuentes parlamentarias socialistas. Ahora, sin embargo, desde el PSOE se asegura que “no hay cambio” de posición. “Vamos a ser prudentes y a esperar a la resolución de Estrasburgo”, aseguran, en referencia al próximo pronunciamiento de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la condena por la expulsión irregular de dos inmigrantes en Melilla en 2014. Desde Interior se defiende la misma postura: “La resolución de Estrasburgo establecerá el marco jurídico en el que se enmarcará la reforma”.
