Los empresarios se mantienen firmes en su oposición a la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ratificaba este viernes su rechazo a reducir la jornada de trabajo, una posición que, consecuentemente, sostienen los empresarios representados por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE).
El debate abierto en torno a si resulta ventajoso o no limitar las horas que trabajan los españoles ha servido para poner en evidencia la distancia que hoy existe entre la patronal y los sindicatos en la ciudad.
CECE, CCOO y UGT han vivido durante los últimos meses un idilio –al menos su representación ante la opinión pública- gracias a la reivindicación conjunta que las tres organizaciones han venido planteando al Gobierno central para exigirle la recuperación del modelo de bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que un real decreto modificó el año pasado. El Gobierno corregía su propia norma antes del verano –aun sin contentar plenamente a los empresarios- para satisfacer las demandas de los agentes sociales. El aparente fin del contencioso parece haber cerrado un periodo de paz social. La demanda de las 37,5 horas ha resucitado públicamente viejas recriminaciones mutuas.
Los secretarios generales de CCOO, Emilio Postigo, y UGT, Juan Carlos Pérez, aprovecharon los actos organizados con motivo del pasado Primero de Mayo para señalar a la patronal por sus prácticas en un buen número de sectores que emplean a millares de ceutíes. Aquella queja permaneció aquietada durante meses y solo el rechazo del empresariado local a la jornada de 37,5 horas parece haberla resucitado ahora.
«Lo que quieren los empresarios ceutíes y lo que quiere la Confederación de Empresarios de Ceuta es tener trabajadores esclavos», censuró agriamente el ugetista Juan Carlos Pérez en las vísperas de la concentración sindical celebrada el pasado jueves a las puertas de la sede de los empresarios. El propósito de aquella movilización era, precisamente, reclamar la aplicación de la jornada de 37,5 horas.
Sindicatos y empresarios hablan idiomas distintos. Los primeros aducen los 2,6 millones de horas extra no pagadas que semanalmente trabajan los españoles, según los datos manejados por CCOO. Los segundos obvian esta realidad y se centran en los costes que para las empresas supone el absentismo laboral, más de 28 millones en Ceuta en 2023, conforme a los datos de CECE.
La conflictividad laboral en los sectores de actividad económica donde el empleo está más precarizado no ha alcanzado la intensidad que sí registra en otras regiones del país. Quizás esto explique que, tal y como ahora han comenzado a denunciar los sindicatos, miles de trabajadores ceutíes convivan condenados desde hace años a situaciones de precariedad solo posibles en un estado consolidado de desregularización de las condiciones laborales.
Los sindicatos anunciaban esta semana que llevarían a la Mesa de Diálogo Social la situación de estos trabajadores, aunque bien es cierto que este mismo compromiso fue anunciado por los secretarios generales de CCOO y UGT sin que hasta la fecha se haya debatido el asunto en el foro que reúne a patronal y organizaciones sindicales. El acuerdo se antoja difícil.
