El Ministerio de Función Pública convocará, gracias a las presiones ejercidas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) —el sindicato más representativo en las administraciones públicas—, una oferta extraordinaria de empleo con alrededor de 1.000 plazas con el objetivo de garantizar el derecho a la jubilación parcial anticipada.
Este acuerdo fue alcanzado en el día de hoy entre la Administración, CSIF y UGT. Por su parte, CCOO decidió no suscribirlo, a pesar de haber sido, junto con UGT, uno de los sindicatos que contribuyeron al retraso en la aplicación de este derecho, al no haberse tenido en cuenta en su momento las particularidades del empleo público en la norma general.
Tras varios meses de demora en el reconocimiento efectivo de este derecho, el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) podrá acogerse a él una vez que se ejecute la oferta extraordinaria de empleo, previsiblemente hacia finales de este año. CSIF continuará trabajando para que este derecho sea también reconocido al personal funcionario y estatutario.
Esta oferta extraordinaria se considera una medida temporal, ya que las próximas plazas de relevistas estarán vinculadas a las ofertas de empleo correspondientes a cada ejercicio. Previamente, se negociarán las especialidades de dichas plazas, así como otros aspectos concretos como el grupo profesional y la localización geográfica.
Una vez resuelto el proceso, la jubilación parcial anticipada se aplicará de forma inmediata a aquellas personas que ya la hubieran solicitado y cumplan con los requisitos exigidos. Posteriormente, se tramitarán de manera progresiva las nuevas solicitudes.
Tras la firma de este acuerdo, CSIF ha expresado su expectativa de que Función Pública aporte cuanto antes las cifras necesarias para la elaboración de la oferta de empleo público ordinaria de 2025. Desde el sindicato han manifestado su profunda preocupación y han advertido que no apoyarán una oferta que mantenga la actual tasa de reposición ni que no compense la pérdida de efectivos sufrida en la última década.
Asimismo, CSIF ha denunciado la caducidad de miles de plazas como consecuencia de la lentitud de los procesos selectivos, situación que consideran una grave irresponsabilidad que repercute negativamente tanto en los empleados públicos como en la ciudadanía, al deteriorarse la calidad de los servicios públicos.
El sindicato también ha alertado sobre la sobrecarga de trabajo y la inestabilidad que sufren las plantillas en organismos como el SEPE, la Seguridad Social, las Oficinas de Extranjería o la DGT. Además, han recordado que aún está pendiente el pago del 0,5 % adicional correspondiente a 2024 y que, pese a encontrarse ya en verano, todavía no se ha negociado una subida salarial para el presente año.
